Enrique Novo criticó un fallo jurídico de la Universidad Nacional de Río Cuarto que considera “no operativa” la Ley 27.795, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, y respaldó el reclamo salarial de docentes de la casa de estudios.
El abogado y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Enrique Novo, expresó su preocupación por un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la casa de estudios que sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795 “no es operativa” y, por lo tanto, resulta inaplicable.
El pronunciamiento de Jurídicas de la UNRC surgió tras un reclamo realizado por 148 docentes para exigir que se les pague las diferencias salariales previstas en la normativa, en el marco del conflicto presupuestario que atraviesan las universidades públicas.
El dictamen jurídico de la UNRC fundamenta el rechazo al reclamo docente en el Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo nacional. Según el texto, dicho decreto establece la no aplicación de la ley sancionada por el Congreso, lo que, a criterio del área legal de la universidad, deja a la norma “sin virtualidad jurídica”.
Cuestionamientos al dictamen jurídico de la UNRC
En uno de los fragmentos más discutidos, el dictamen señala que “por imperio del Decreto 759/2025 ya no hay norma operativa, ya que expresamente dicho decreto deja establecida la no aplicación de la Ley 27.795, conocida como Ley de Financiamiento del Sistema Universitario”. Además, sostiene que es precisamente esa “falta de virtualidad jurídica” la que torna a la ley inaplicable en la actualidad.
Frente a esta interpretación, Novo manifestó su preocupación por el posicionamiento institucional adoptado por el servicio jurídico de una universidad pública. “Estamos hablando de una ley aprobada por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso de la Nación, lo que le otorga plena validez constitucional”, sostuvo el docente con trayectoria académica y profesional en la UNRC.
Debate constitucional y reclamo docente
El abogado remarcó que, desde el punto de vista constitucional, no existe ningún artículo que habilite al Presidente de la Nación a suspender o dejar sin efecto una ley sancionada por el Congreso. Según explicó, esta interpretación es compartida por especialistas en derecho constitucional de distintos espacios políticos e ideológicos.
En ese sentido, Novo advirtió que el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNRC contradice principios básicos del sistema republicano y del funcionamiento institucional del país, al convalidar una postura coincidente con la del Poder Ejecutivo para rechazar el reclamo de cumplimiento de la ley.
El planteo se enmarca en el reclamo de 148 docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto que solicitaron el pago de diferencias salariales correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso Nacional, pero cuya aplicación se encuentra frenada.
Impacto en las universidades públicas
Novo también contextualizó la controversia en la situación crítica que atraviesan las universidades públicas argentinas, con severas dificultades presupuestarias que afectan el normal funcionamiento académico, administrativo y de investigación. Según señaló, este escenario no sólo impacta en el sistema universitario, sino también en otros sectores sensibles como la salud pública y las políticas vinculadas a discapacidad.
El debate abierto en la UNRC refleja una discusión más amplia sobre el financiamiento de las universidades públicas y el alcance de las decisiones del Poder Ejecutivo frente a leyes sancionadas por el Congreso, un tema que continúa generando preocupación en la comunidad educativa de Río Cuarto y gran parte del sur de Córdoba.
