Con aval judicial y en el marco de una emergencia en seguridad, el municipio implementará desde febrero un sistema de portones nocturnos en calles secundarias. La iniciativa genera respaldo oficial, pero también objeciones vecinales y políticas.
La Municipalidad de Villa Allende pondrá en marcha a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias como parte de un plan integral de prevención del delito, luego de que la Justicia habilitara la medida al considerarla razonable y proporcional frente al contexto de inseguridad que atraviesa la ciudad.
La decisión se enmarca en el “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, respaldado por la ordenanza 14/25, y responde a un diagnóstico oficial que señala que una parte significativa de los robos en el municipio ocurre durante la franja nocturna. La iniciativa contempla la instalación de portones en accesos barriales, con horarios de cierre entre las 22 y las 6, cuya apertura estará a cargo de personal municipal.
El aval judicial destrabó la implementación del plan, que había quedado frenado por una medida cautelar. En su resolución, el tribunal consideró acreditada la emergencia en seguridad declarada por el municipio y destacó que el mecanismo de participación ciudadana arrojó un bajo nivel de oposición formal, lo que fue interpretado como un respaldo mayoritario a la propuesta.
En una primera etapa, el esquema se aplicará en sectores de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con la instalación de quince portones. Según anticiparon desde el Ejecutivo local, los resultados serán evaluados antes de avanzar en una eventual ampliación hacia otras zonas de la ciudad, donde ya existen cierres proyectados.
El programa no se limita al control de accesos. Incluye además la incorporación de nuevas cámaras de vigilancia y refuerzos en la movilidad policial, con el objetivo de conformar corredores seguros y fortalecer la prevención en puntos críticos. Desde el municipio sostienen que se trata de una medida excepcional, temporal y sujeta a revisión, vinculada directamente a la emergencia vigente.
No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos. Algunos vecinos expresaron su disconformidad al considerar que el cierre de calles restringe derechos como la libre circulación y profundiza lógicas de segregación urbana. En la misma línea, sectores de la oposición advirtieron que este tipo de políticas no resuelve de fondo el problema de la inseguridad y reclamaron alternativas basadas en inclusión social y prevención estructural.
Desde el Ejecutivo local defendieron la legalidad y legitimidad del esquema, subrayando que cuenta con respaldo normativo, aval judicial y un proceso participativo que habilitó su implementación. La controversia, sin embargo, continúa abierta: los demandantes anunciaron que apelarán el fallo, por lo que el debate sobre el alcance y los límites de la medida seguirá en el plano judicial y político.
Mientras tanto, Villa Allende se prepara para aplicar una política inédita en la provincia, que tensiona el equilibrio entre seguridad, derechos individuales y gestión urbana en un contexto marcado por la preocupación social frente al delito.
