Todas las restricciones vigentes desde 48 horas antes de los comicios, las excepciones previstas en la normativa y las sanciones económicas para quienes incumplan. La medida busca garantizar un clima de neutralidad, evitar presiones sobre el electorado y ordenar la difusión de propaganda política durante la jornada democrática.
El Código Electoral Nacional establece que las restricciones comienzan 48 horas antes del inicio de los comicios. Según lo dispuesto en su artículo 71, la veda se inició este viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de urnas y del fin de las tareas en las mesas de votación. Lo mismo se aplica en elecciones provinciales y municipales que coincidan con la jornada, ajustando el plazo a cada jurisdicción.
Durante este período se encuentran prohibidos los actos públicos de campaña, las reuniones partidarias y la difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre resultados. También está vedada la publicidad política en medios tradicionales y plataformas digitales, junto con la entrega de boletas o materiales de propaganda en los alrededores de los establecimientos de votación.
La normativa incluye restricciones sobre actividades sociales y comerciales. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 hasta el cierre de los comicios. Además no se pueden llevar adelante espectáculos públicos, eventos masivos ni actividades deportivas. Tampoco se habilita la exhibición de símbolos partidarios en la vía pública, ni el uso de distintivos dentro de las escuelas o instituciones donde se vota. Tomar fotografías de la Boleta Única durante el proceso electoral también es una práctica sancionada.
Quienes incumplan pueden enfrentar sanciones económicas. Las multas para partidos políticos, candidatos o medios oscilan entre 50.000 y 300.000 pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reincidencia. En el caso de particulares, las sanciones van de 1.000 a 10.000 pesos y pueden implicar la inhabilitación temporal para desempeñar funciones públicas o partidarias si el incumplimiento es reiterado.
