Las casas de estudio recibirán 4,8 billones de pesos el próximo año, aunque los rectores advierten que necesitan 7,2 billones para cubrir gastos operativos y recomponer salarios. El Gobierno no cumplió con la aplicación de la Ley de Emergencia aprobada en el Congreso.
El financiamiento universitario vuelve a quedar en el centro de la discusión política tras la presentación del Presupuesto 2026. El proyecto prevé destinar 4,8 billones de pesos a las Universidades Nacionales, una cifra que representa un incremento nominal respecto del año anterior pero que es rechazada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclama que se aplique la ley votada por el Congreso para actualizar de manera progresiva los recursos del sistema.
Los rectores sostienen que, con la inflación acumulada y las necesidades salariales del personal docente y no docente, se requieren al menos 7,2 billones de pesos para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones. La normativa avalada por el Parlamento —y ratificada pese al veto presidencial— quedó sin efecto porque el Gobierno argumenta que no especificaba de qué partidas debían salir los fondos.
Aunque el oficialismo insiste en no aplicar esa ley, legisladores aliados dejaron abierta la posibilidad de introducir alguna mejora durante el debate parlamentario que se realizará en las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre.
El Presupuesto también incorpora nuevos criterios de control: todas las universidades deberán remitir información detallada sobre la asignación y uso de los recursos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El proyecto habilita al Ministerio de Educación a frenar las transferencias si los informes no se presentan en tiempo y forma. Además, las instituciones tendrán que clasificar sus gastos en áreas funcionales como educación, cultura, salud, ciencia y tecnología.
Financiamiento educativo: leyes sin aplicación
El Gobierno confirmó que tampoco ejecutará en 2026 los pisos de inversión establecidos por normas clave del sistema educativo. Entre ellas, la Ley de Financiamiento Docente —que fija una inversión del 6% del PBI—, así como los niveles previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Ciencia y Tecnología.
La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el Ejecutivo decidió eliminar los valores mínimos de inversión definidos por ley y dejar su determinación a cada presupuesto anual. El organismo recordó además que el objetivo de destinar el 6% del PBI a educación solo se cumplió en un ejercicio desde su creación y que las metas de incremento para ciencia, tecnología y formación técnica prácticamente nunca se alcanzaron.
Mientras tanto, el conflicto con el sistema universitario se profundiza: las instituciones ya convocaron a un paro de 72 horas para la próxima semana en reclamo de un financiamiento acorde a sus necesidades y de la aplicación de las leyes vigentes.
