El Consejo Interuniversitario Nacional resolvió por unanimidad presentar una acción judicial para que se respete la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, suspendida por decreto del Poder Ejecutivo.
Las universidades públicas del país avanzarán con una presentación judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera su suspensión mediante un decreto.
La decisión fue adoptada este martes durante una reunión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde las rectoras y rectores de todas las universidades nacionales resolvieron actuar en defensa de la ley y del sistema republicano.
“El conjunto de las universidades públicas tomó el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del CIN, Oscar Alpa, al cierre del plenario.
El decano anfitrión, Leandro Vergara, recordó que “un decreto no puede suspender una ley” y advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.
Por su parte, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, subrayó que las universidades actuaron “con responsabilidad, priorizando siempre los caminos institucionales”, y que “ahora corresponde recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
La normativa había sido aprobada por el Congreso en agosto, vetada por el presidente y posteriormente ratificada el 2 de octubre por la oposición legislativa. Pese a ello, el Gobierno decidió suspender su aplicación, lo que —según los rectores— “viola de manera directa la división de poderes”.
Además del reclamo judicial, el plenario resolvió solicitar al Congreso Nacional la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario como base presupuestaria para las universidades públicas.
Con esta decisión, el sistema universitario nacional busca asegurar la sostenibilidad de la educación superior pública, la recomposición salarial docente y el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.
