Una investigación de Ruido, una red de periodistas dedicada a investigaciones sobre corrupción y transparencia, reveló que el Gobierno de Córdoba contrató durante 2026 por al menos $64.700.000 a Madero Media Group, empresa vinculada al consultor político y empresario Fernando Cerimedo.
La información cobra relevancia en medio de la situación judicial que atraviesa Cerimedo en Bolivia y de los cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para publicidad oficial. Además, el dato se conoce mientras el Gobierno provincial sostiene una política de ajuste presupuestario y distintos medios autogestivos reclaman por el congelamiento de las pautas.
Según el informe de Ruido, Madero Media Group es la empresa editora de La Derecha Diario y está vinculada a Cerimedo, quien trabajó como asesor y estratega digital de Javier Milei y tuvo participación en campañas políticas en Argentina y otros países de la región.
Los pagos de la Provincia
De acuerdo con la investigación, los contratos detectados durante este año fueron realizados a través de distintas áreas de la administración provincial. Entre ellas aparecen el Ministerio de Comunicación, Gastos Generales de la Administración y la agencia Córdoba Turismo.
El Ministerio de Comunicación registró dos facturas por $3.990.000 cada una, mientras que Gastos Generales de la Administración registró otro pago por el mismo monto.
A esto se suman, según la documentación relevada por Ruido, al menos seis pagos realizados a través de Córdoba Turismo, con importes que van desde los $2.500.000 hasta los $10.000.000. Uno de los últimos pagos consignados en el informe fue realizado el 3 de agosto de 2026.
La investigación también señala que parte de los comprobantes puede ser consultada en el Portal de Transparencia de Córdoba y que el CUIT consignado en la documentación corresponde a Madero Media Group.
El antecedente de 2025 y el pedido en la Legislatura
La información sobre las contrataciones también llegó a la Legislatura de Córdoba. El presidente del bloque PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial detalle las contrataciones realizadas con Madero Media Group durante 2025 y 2026.
Según los datos que motivaron la presentación, la empresa habría recibido $51.650.000 durante 2025 y al menos $64.700.000 durante 2026.
El legislador solicitó conocer qué organismos provinciales realizaron las contrataciones, cuáles fueron los procedimientos administrativos utilizados y qué servicios fueron contratados. También pidió precisiones sobre eventuales tareas de publicidad digital, posicionamiento, estrategia en redes sociales y posibles contrataciones vinculadas con La Derecha Diario.
Desde el Ejecutivo provincial, según la información difundida, habían señalado que Madero Media Group constituye “un proveedor más” de la administración cordobesa.
El contexto del ajuste y la pauta oficial
Los pagos adquieren relevancia política en un contexto de restricciones presupuestarias que atraviesa la administración de Martín Llaryora. Entre los argumentos planteados por la Provincia aparecen la caída de recursos provenientes de la coparticipación federal y una menor recaudación de impuestos provinciales.
En paralelo, organizaciones y medios de comunicación autogestivos vienen reclamando por la falta de actualización de las pautas publicitarias. Según el planteo recogido en la investigación, estos medios afrontan un escenario de congelamiento de los fondos destinados a publicidad oficial.
La discusión, de este modo, no se limita al monto destinado a Madero Media Group, sino que también pone el foco en los criterios utilizados por el Estado provincial para distribuir la pauta entre empresas y medios de comunicación.
La situación judicial de Cerimedo
La controversia se suma a la situación judicial que atraviesa Fernando Cerimedo en Bolivia. El consultor fue imputado en ese país por un presunto intento de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, tras un ataque armado.
La situación judicial de Cerimedo es independiente de las contrataciones realizadas por el Gobierno de Córdoba. La vinculación empresarial y los pagos mencionados en la investigación periodística tampoco implican, por sí mismos, una irregularidad administrativa: ese aspecto deberá determinarse a partir de la documentación y de las explicaciones que brinde el Ejecutivo provincial.
El pedido de informes presentado en la Legislatura busca justamente conocer los detalles de esas contrataciones y los mecanismos mediante los cuales fueron autorizadas.