La Procuración Penitenciaria de la Nación registró 1.800 denuncias en cárceles federales y fuerzas de seguridad durante 2024. El documento expone un aumento sostenido de casos y será el principal desafío para la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad concluye con un informe crítico de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que reveló un aumento récord de denuncias por torturas, agresiones y tratos degradantes en el ámbito federal. El organismo, dependiente del Poder Legislativo, documentó más de 1.800 situaciones vinculadas tanto al Servicio Penitenciario Federal (SPF) como a fuerzas como Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura.
El reporte —un documento de 415 páginas— detalla que en 2024 se registraron 271 víctimas de violencia policial y 646 personas afectadas por 1.465 hechos dentro de las cárceles federales. El SPF, que históricamente dependió del Ministerio de Justicia, pasó a la órbita de Seguridad a partir del decreto 373/2024 firmado por el gobierno de Javier Milei, lo que amplió las facultades de control del ministerio sobre el personal penitenciario.
Los datos muestran que los complejos penitenciarios de Villa Devoto y Luján de Cuyo encabezan la lista de establecimientos con mayor cantidad de hechos relevados, con 271 y 109 casos respectivamente. Entre las categorías más frecuentes se encuentran las malas condiciones materiales de detención, agresiones físicas, aislamiento, deficiente atención sanitaria y falta de alimentación adecuada.
El informe remarca la extensión del problema en todo el sistema federal, con casos detectados en unidades de varones, mujeres, jóvenes, prisiones antiguas y establecimientos recientemente inaugurados. La PPN sostiene que la tortura “constituye un elemento estructural, extendido y persistente” del sistema penal argentino.
La situación se replica en el ámbito provincial. Sumando las cárceles de todo el país, la cifra asciende a 1.198 víctimas que describieron 4.745 hechos de tortura o malos tratos. En la provincia de Buenos Aires —que concentra la mayor población carcelaria del país— se identificaron 552 víctimas y más de 3.200 casos, principalmente en las unidades de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica. Las categorías más frecuentes allí son la falta de atención médica y el aislamiento.
La PPN también difundió su Reporte N°7, correspondiente al primer semestre de 2025, que registró 201 víctimas de violencia institucional y confirmó la continuidad de la tendencia. Diecisiete personas sufrieron agresiones más de una vez en ese período.
Alejandra Monteoliva, mano derecha de Bullrich, asumirá como nueva ministra de Seguridad con el desafío inmediato de enfrentar este escenario. Mientras tanto, el informe vuelve a poner en debate la situación del sistema penitenciario y el rol de las fuerzas federales en la protección de los derechos humanos.
