El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, expresó su preocupación por la prórroga del Presupuesto 2023 y anticipó posibles medidas de fuerza si no se recompone el financiamiento para las casas de altos estudios.
La decisión del gobierno de Javier Milei de prorrogar el Presupuesto 2023 ha encendido las alarmas en las universidades públicas, que durante el último año enfrentaron una intensa lucha contra el desfinanciamiento. Según Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la situación pone en jaque el funcionamiento de las instituciones educativas y el acceso a la educación superior para miles de estudiantes.
En diálogo con Canal 10, Moriñigo subrayó la grave pérdida de poder adquisitivo que afecta a los trabajadores universitarios. “Estamos cincuenta puntos por debajo de la inflación en la paritaria de 2024, por lo que todas las expectativas están puestas en las negociaciones de febrero y marzo”, señaló.
El rector de la Universidad Nacional de San Luis advirtió que, de no mediar una recomposición presupuestaria, la conflictividad podría regresar a las universidades. “De no ser así, vamos a empezar un año con paros, tomas de edificios y cuestiones que ponen en riesgo el normal funcionamiento para todos nuestros chicos que eligen tener la oportunidad de ser profesionales”, indicó.
El panorama presupuestario es complejo. Mientras las autoridades nacionales proyectaron un presupuesto de cuatro billones de pesos para las universidades, los rectores solicitaron al menos siete billones para cubrir las necesidades mínimas. La diferencia refleja un importante déficit que podría profundizarse con la prórroga del presupuesto vigente.
Cabe destacar que durante 2024, el conflicto universitario movilizó a millones de personas en marchas federales multitudinarias, visibilizando el impacto del ajuste en el sistema educativo. La comunidad universitaria se encuentra expectante y preparada para retomar la lucha si no se atienden las demandas de financiamiento.
La continuidad del conflicto no solo pone en juego la estabilidad de las universidades públicas, sino también el futuro de miles de jóvenes que encuentran en ellas su oportunidad de formación profesional y desarrollo personal.
