La orden ejecutiva redefine al opioide sintético como una amenaza equiparable a un arma química y habilita un abordaje judicial y militar más amplio, en un contexto regional y político particularmente sensible.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo y a sus principales precursores químicos como un “arma de destrucción masiva”, una definición inédita para una sustancia vinculada al narcotráfico. En el texto oficial, el fentanilo ilícito es descripto como “más cercano a un arma química que a un narcótico”, y se subraya que apenas dos miligramos —una cantidad casi imperceptible— constituyen una dosis potencialmente letal.
La medida se apoya en el impacto sanitario que tuvo la expansión del fentanilo en los últimos años. Según el propio documento presidencial, “cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis”, lo que justifica, desde la óptica de la Casa Blanca, un endurecimiento drástico de las herramientas legales disponibles. En ese marco, la orden instruye al Departamento de Justicia a iniciar de manera inmediata investigaciones y procesos judiciales contra las redes de tráfico vinculadas a esta sustancia.
El alcance de la decisión no se limita al plano judicial. La directiva también encomienda a los Departamentos de Defensa y de Justicia evaluar la provisión de recursos militares para apoyar tareas de aplicación de la ley, una cláusula que encendió alertas en el plano geopolítico. Medios estadounidenses advirtieron que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva podría ampliar el margen legal para operaciones más agresivas en el exterior, en particular en el contexto de las tensiones con Venezuela y las versiones sobre eventuales acciones contra presuntos objetivos del narcotráfico.
El momento elegido para la firma de la orden también llamó la atención por otro motivo. En paralelo, Trump confirmó que su administración analiza “muy seriamente” la posibilidad de reclasificar la marihuana en una categoría de menor peligrosidad a nivel federal. De concretarse, el cambio implicaría un alivio de las restricciones vigentes y el reconocimiento formal del uso médico del cannabis bajo la legislación nacional.
Así, la Casa Blanca avanza con un enfoque dual que combina un endurecimiento extremo frente al fentanilo con una posible flexibilización en la política sobre la marihuana, una señal de contrastes que reabre el debate sobre la estrategia integral de Estados Unidos frente a las drogas y sus derivaciones sanitarias, judiciales y políticas.
