El Gobierno formalizó incrementos en las tarifas de gas y electricidad a partir del primer mes del año próximo.
El Gobierno formalizó los aumentos en las tarifas de electricidad y gas que entrarán en vigencia en enero de 2025. A través de resoluciones emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), se definieron los nuevos cuadros tarifarios para las empresas de transporte y distribución de ambos servicios, en el marco de la emergencia energética vigente hasta julio de 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, solicitó estos ajustes destacando la necesidad de corregir los precios relativos de la economía para evitar el deterioro del sector. Según las resoluciones, las tarifas eléctricas para el usuario final experimentarán un incremento del 1,6%, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD) tendrá un ajuste del 4%. En promedio, las facturas de electricidad para los usuarios generales subirán un 2,2%, con variaciones según el nivel de ingresos: 1,1% para sectores de altos ingresos, 1,7% para ingresos bajos y entre 0,6% y 1,6% para ingresos medios.
En el caso del gas, las tarifas de transporte y distribución aumentarán un 2,5%, con un impacto promedio del 1,82% en las boletas de los usuarios. El consumo subsidiado mantendrá límites: los usuarios de ingresos bajos (N2) podrán utilizar hasta 350 kWh mensuales, mientras que los de ingresos medios (N3) tendrán un tope de 250 kWh antes de aplicar tarifas plenas.
Caputo subrayó que el objetivo de la medida es garantizar la sustentabilidad del sector energético y mantener la estabilidad de los precios en términos reales, evitando riesgos para la continuidad de los servicios. En línea con esta directiva, la Secretaría de Energía instruyó a los organismos reguladores a avanzar con los aumentos, que alcanzan a distribuidoras como Edesur, Edenor, Naturgy Noa, Camuzzi Gas Pampeana y Metrogas, entre otras.
Este ajuste tarifario refleja los esfuerzos por equilibrar la economía del sector energético en un contexto de emergencia, buscando asegurar la prestación de servicios esenciales en el mediano plazo.
