Este jueves al mediodía, autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) brindaron una conferencia de prensa para informar sobre las medidas institucionales adoptadas en el marco de la investigación judicial que involucra a cinco personas por el presunto uso indebido de equipamiento universitario con fines particulares.
El encuentro, realizado en el Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, fue encabezado por la rectora Marisa Rovera, el decano Germán Barros y el director de Asuntos Jurídicos de la UNRC, Dr. Hugo Abraham. Allí se confirmó que el Consejo Directivo de la Facultad resolvió aplicar suspensiones preventivas a los imputados, entre los que se encuentran tres técnicos del CONICET y dos docentes de la institución.
Barros detalló que la medida alcanza a quienes tienen vínculo laboral con la Universidad y queda en suspenso para los que se encuentran bajo licencia médica. “Las suspensiones preventivas no constituyen sanciones, sino medidas precautorias para resguardar el funcionamiento institucional”, aclaró el decano.
El Dr. Abraham indicó que estas suspensiones pueden extenderse hasta un máximo de 90 días, de acuerdo con la normativa vigente. Además, explicó que a los empleados con relación directa con la UNRC se les iniciará un sumario administrativo para determinar su responsabilidad, lo que podría derivar en sanciones que van desde una suspensión hasta una exoneración. En el caso del personal del CONICET, se les restringió el uso de espacios universitarios, en función de la venia académica que otorga la Facultad.
La situación, calificada como “inédita” por Barros, generó un fuerte impacto en la comunidad universitaria. “Existe un malestar, una sensibilidad a flor de piel, porque se trata de personas que transitan diariamente por la Facultad”, expresó. Al mismo tiempo, sostuvo que si la Justicia determina que hubo conductas ilegales, deberán asumirse las consecuencias correspondientes.
La rectora Marisa Rovera aseguró que desde el inicio del proceso judicial, la Universidad actuó con celeridad y total disposición a colaborar. “El 14 de mayo solicitamos información formal sobre el estado del proceso penal, que fue respondida el 22. Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia y cumplimos con todos los procedimientos internos”, afirmó.
Rovera también hizo hincapié en que este caso no debe interpretarse como una práctica institucional, sino como un hecho puntual que debe ser investigado: “La Universidad cuenta con más de 300 servicios a terceros, todos regulados y aprobados por los consejos directivos y el Consejo Superior. No podemos permitir que un caso como este empañe la legitimidad que la universidad pública ha construido durante más de 50 años”.
Por su parte, Abraham remarcó la importancia del principio de inocencia: “Se trata de una investigación en curso. Las medidas adoptadas no suponen un juicio de valor. Las eventuales sanciones definitivas dependerán del resultado del proceso judicial”.
Además, aseguró que la institución puso a disposición de la Justicia toda la documentación requerida y que se está trabajando con extremo cuidado en la gestión del patrimonio público: “Todos los contratos, convenios y servicios han sido remitidos a la Justicia. Somos muy cuidadosos porque se trata de bienes del Estado”.
Finalmente, las autoridades destacaron el compromiso institucional para esclarecer los hechos sin poner en riesgo el funcionamiento de la Universidad ni la integridad de su comunidad. En palabras del decano Barros: “No podemos permitir que hechos aislados opaquen el prestigio y la labor de toda la comunidad universitaria”.
