El Gobierno nacional dispuso que los trabajadores estatales que hayan alcanzado la edad jubilatoria deberán iniciar el trámite de retiro, aunque no cuenten con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y afecta de manera directa a miles de empleados públicos mayores de 65 años.
La resolución establece que los contratos no permanentes solo podrán renovarse por un plazo máximo de seis meses y obliga a los organismos del Estado a presentar, como requisito excluyente, la constancia de intimación a jubilarse de los trabajadores que ya alcanzaron la edad legal. El problema central es que una parte significativa de ese universo no reúne los 30 años de aportes, lo que los deja sin empleo y sin posibilidad de completar su historial previsional.
Ante esta situación, los trabajadores afectados solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80 % de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Este beneficio no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni a los beneficios completos de una jubilación contributiva, y garantiza únicamente el acceso al PAMI.
Ajuste y vaciamiento del Estado
La medida impacta especialmente en áreas sensibles del Estado, donde en muchos casos el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o forma parte de dependencias que ya operan con dotaciones mínimas, lo que podría afectar el funcionamiento de organismos públicos.
Cabe recordar que meses atrás, mediante la Resolución 3/2023 del mismo ministerio, ya habían sido intimados a jubilarse 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos previsionales, de los cuales más de 6.800 pertenecían a la planta permanente.
Según datos oficiales, la Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2 %, en el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. En total, se recortaron 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4 % del empleo público nacional, equivalente a casi 80 despidos por día, de acuerdo a un informe del Centro CEPA.
El fin de las moratorias previsionales
El impacto social de la medida se agrava por la decisión del Gobierno de no prorrogar la moratoria previsional prevista en la Ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes mediante la regularización de períodos no registrados. Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, según datos oficiales.
En este contexto, cerca de 1.100.000 jubilados continúan trabajando en Argentina, lo que representa el 19 % del total y un 60 % más que hace una década, en un escenario de recesión y ajuste económico.
Rechazo sindical
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “cruel e inhumana”. “Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y, fundamentalmente, sin la posibilidad de jubilarse. El Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, afirmó.
