Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados exige al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación respaldatoria de una contratación aprobada por Cancillería para la capacitación en idioma inglés de su personal.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Roxana Monzón, quien reclama precisiones sobre la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, aprobada mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas (NA), el proyecto solicita el envío del expediente completo, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, que habilita contrataciones por excepción.
Nota relacionada: Sturzegate: solo 10 agentes cursaron inglés en 2025 y detectaron documentos no visibles en la web
También requiere conocer las fechas clave del proceso —convocatoria, apertura y adjudicación—, la emisión de la orden de compra y si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos que sostengan el supuesto de “especialidad” y la inexistencia de otros prestadores idóneos.
Asimismo, pide la identificación completa del adjudicatario, sus autoridades vigentes y los antecedentes contractuales con Cancillería durante los últimos diez años.
El eje de la controversia
En los fundamentos, Monzón señala que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un plazo de nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente.
Según el acto administrativo, la decisión se justificó bajo el argumento de que la entidad sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años.
El proyecto menciona la controversia pública en torno al caso: distintos medios señalaron que la AACI es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, y que en las actuaciones administrativas se habría reconocido la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la asociación y el funcionario.
La resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que “restringe la concurrencia y competencia” y reclama conocer los criterios técnicos que sustentaron la supuesta falta de oferentes alternativos, dado que —según plantea— se trata de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado.
Finalmente, el texto pone el foco en el contexto fiscal actual y contrapone el gasto comprometido para 2026 con el ajuste en distintas áreas del Estado, al tiempo que insiste en un pedido de mayor transparencia y acceso público a los fundamentos de la contratación.
