Las centrales obreras de Córdoba manifestaron su repudio al proyecto de ley presentado por la legisladora Nadia Fernández y a las declaraciones del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Denuncian un intento de avanzar sobre derechos constitucionales y llaman a defender la democracia.
Las principales centrales sindicales de Córdoba —CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y la UTEP— expresaron su enérgico rechazo al proyecto de ley presentado por la legisladora oficialista Nadia Fernández, que propone regular las manifestaciones públicas en la provincia. También repudiaron las declaraciones del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien manifestó su intención de impulsar un «protocolo antipiquetes» similar al implementado por Patricia Bullrich a nivel nacional.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones gremiales afirmaron que tanto la iniciativa legislativa como las expresiones del ministro representan “un avasallamiento de los derechos constitucionales” y constituyen un “grave retroceso democrático”. Señalaron que ni los legisladores ni el Ejecutivo provincial tienen atribuciones para restringir un derecho consagrado en la Constitución Nacional, como lo es la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Los sindicatos citaron informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de relatores de Naciones Unidas que consideran a las protestas, manifestaciones y ocupaciones pacíficas como formas legítimas del ejercicio democrático. Subrayaron que estos espacios de expresión son, muchas veces, el único canal que tienen los sectores marginados para hacer oír su voz frente a los poderes establecidos.
«Las altas cortes han dejado en claro que el derecho a la reunión pacífica no debe interpretarse de manera restrictiva, porque es un pilar de la democracia», afirmaron.
Además, denunciaron que las iniciativas oficialistas ignoran las causas profundas que motivan las movilizaciones: la pobreza, la pérdida de empleos, la precarización laboral, el ajuste económico y la crisis en áreas clave como la educación y la salud. “Las protestas son consecuencia de políticas que generan hambre, exclusión y vulneración de derechos”, aseguraron.
Finalmente, las centrales sindicales recordaron que la misma Legislatura que hoy discute una ley para limitar las protestas, fue la que aprobó una norma para incorporar al Cordobazo como símbolo de las luchas populares y como contenido educativo. “Es un absurdo pretender reprimir lo que la historia cordobesa reivindica”, concluyeron.
