La Unicameral aprobó unificar el régimen sancionatorio de la provincia en materia hídrica, ambiental y de recursos naturales. Además, esta nueva norma modifica las funciones de la Policía Ambiental y crea un órgano específico encargado de juzgar y sancionar. También, se convirtió en ley el Programa de Alfabetización Económica y Financiera.
Buscando ordenar el marco normativo en torno a las sanciones en materia hídrica, ambiental y de recursos naturales, el cual en la provincia es amplio y diverso, la Legislatura de Córdoba aprobó una ley que crea un único régimen sancionatorio y de procedimiento administrativo frente a infracciones ambientales. Lo hizo este miércoles en su 22ª sesión ordinaria del 146° período legislativo, la cual estuvo encabezada por la presidenta del cuerpo, Myrian Prunoto.
Entre las novedades introduce una unidad fija de multa, que pasaría a medirse en litros de combustible. También permite sancionar a aquellos infractores que no cumplan con la remediación ambiental tras el daño ocasionado e instaura el Registro de Infractores Ambientales para identificar a quienes no cumplen con sus obligaciones.
“No se busca el castigo sino promover un cambio de conducta de la ciudadanía, las sanciones tienen el objetivo de generar conciencia ambiental, de proteger nuestros recursos y de remediar el daño ambiental generado”, explicó la voz informante del proyecto, la legisladora María Victoria Busso.
Por otra parte, para separar el rol de fiscalización y control del juzgador, la nueva norma establece la creación del Tribunal Administrativo Ambiental, que será el órgano encargado de definir las infracciones y aplicar las sanciones. De esta manera, libera de tal función a la Policía Ambiental para que se aboque exclusivamente a su función de fiscalización y control.
“Buscamos reducir los tiempos de la resolución de las causas, eliminando el cuello de botella que se generaba y permitiendo que el Estado actúe con mayor eficiencia frente a estas infracciones. Esta ley significa un avance técnico, jurídico y operativo en materia de gestión ambiental, e innovador en el plano regional”, concluyó Busso.
Alfabetización financiera
La Legislatura también aprobó un proyecto de ley que crea el Programa de Alfabetización Económica y Financiera.
La norma establece incorporar contenidos sobre economía y finanzas para los distintos niveles (inicial, primario, secundario y terciario de todas las modalidades), en todas las instituciones educativas de la provincia de Córdoba. Con este fin, se desarrollarán cursos y acciones destinados a personas que deseen acceder a la educación no formal.
“Se trata de enseñar economía para la vida, de dotar de herramientas para desenvolverse mejor en el día a día y de crear ciudadanos informados que tomen mejores decisiones”, señaló Ariela Szpanin, autora de la iniciativa. Y agregó: “La educación financiera es una responsabilidad compartida de las familias, los gobiernos y las escuelas, porque estos conocimientos adquiridos por los chicos luego derraman en su comunidad y sus familias”.
