Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) revela que desde la asunción de Javier Milei, el poder de compra del salario mínimo se ha reducido en más de una tercera parte, desdibujando su función como herramienta para fijar un piso salarial.
En el contexto económico actual de Argentina, los efectos de la gestión presidencial de Javier Milei sobre el salario mínimo se han vuelto un tema candente. Según un reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), desde que Milei asumió la presidencia, el poder adquisitivo del salario mínimo ha experimentado una caída «brutal», deteriorándose en más de un 33% entre noviembre de 2023 y abril de 2024. Este escenario no solo refleja una disminución alarmante en las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad del salario mínimo para cumplir con su función básica de fijar un piso salarial en el país.
El informe señala que esta drástica depreciación en el poder adquisitivo se suma a las pérdidas registradas en años anteriores, lo que resulta en un nivel real de salario mínimo que actualmente es un 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y un 57,3% inferior en comparación con noviembre de 2015. En este contexto, se establece una clara tendencia: el salario mínimo en Argentina ha dejado de ser una medida efectiva para garantizar ingresos dignos a los trabajadores.
Durante 2024, se llevaron a cabo cuatro reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Sin embargo, estas sesiones no lograron generar consenso, resultando en que fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales. Estos aumentos, prácticamente idénticos a las propuestas del sector empresarial, no lograron revertir la tendencia decreciente del salario. La última decisión administrativa, emitida en diciembre de 2024, resultó en una pérdida adicional del 7% del poder adquisitivo en comparación con el aumento anterior.
La precariedad de la situación se ve acentuada por la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia establecidas. Actualmente, el salario mínimo representa solo el 58,1% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo, y apenas supera una cuarta parte de la canasta de pobreza. Esta realidad es particularmente preocupante al contrastarla con la situación del año 2001, cuando Argentina enfrentó crisis económica severa y profunda desigualdad social.
Históricamente, el salario mínimo ha funcionado como un mecanismo vital para garantizar un ingreso básico que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades fundamentales. Sin embargo, la política económica adoptada por el gobierno de Milei ha llevado a que el salario mínimo quede desdibujado como herramienta para determinar pisos salariales y, por ende, para impulsar una menor desigualdad. Los datos son contundentes: si el salario mínimo no hubiera perdido poder de compra a lo largo de estos años, podría estar actualmente cerca de los $700.000.
Lo que parece ser una suspensión de políticas efectivas de protección social ha colocado a millones de argentinos en una situación de vulnerabilidad extrema. La configuración actual del mercado laboral, sumada a las decisiones tomadas en la esfera gubernamental, ha derivado en una paradoja: mientras que el costo de vida continúa aumentando, los salarios no logran mantenerse al ritmo de la inflación, dejando a los trabajadores en una espiral de pobreza creciente.
Los expertos advierten que la pérdida de poder adquisitivo no solo afecta a quienes perciben el salario mínimo, sino que tiene repercusiones en todo el tejido social y económico del país. Una fuerza laboral con ingresos insuficientes no puede sostener un consumo que, a su vez, impulse la economía. En este sentido, el decrecimiento en el salario mínimo podría tener efectos en cadena, agravando aún más la ya delicada situación económica de Argentina.
Estos acontecimientos han provocado reacciones en diversas organizaciones sociales y políticas, que exigen medidas urgentes para revertir la situación. La falta de acciones efectivas por parte del gobierno en la materia ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los trabajadores, quienes ven amenazada su capacidad de subsistir dignamente.
Frente a este panorama, queda claro que el desafío que enfrenta el gobierno actual es monumental. No solo se trata de restaurar el valor del salario mínimo, sino de implementar políticas integrales que permitan garantizar ingresos dignos y combatir la desigualdad en un país donde el sufrimiento de la pobreza se hace cada vez más evidente en la vida diaria de sus ciudadanos.
En conclusión, la caída del poder adquisitivo del salario mínimo durante la presidencia de Javier Milei no es solo un dato estadístico; es un reflejo de la lucha constante de millones de trabajadores que buscan alcanzar una vida digna en un entorno que se torna cada vez más hostil. A medida que los expertos continúan analizando esta crítica situación, es imperativo que se inste a las autoridades a tomar medidas inmediatas para mitigar el impacto de esta crisis y restaurar la esperanza de un futuro más justo para todos los argentinos.
