Este jueves 29 de mayo a las 11:30 horas en Plaza Roca, Río Cuarto se suma a la Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad. La convocatoria, impulsada por organizaciones de personas con discapacidad, familias y profesionales del sector, busca visibilizar la grave crisis que atraviesa el sistema de atención y reclamar la sanción urgente del proyecto de ley que declare la emergencia nacional en discapacidad hasta el 2027.
La medida se replicará en distintas ciudades del país con actos públicos, actividades culturales y movilizaciones. El reclamo central gira en torno a garantizar el acceso a derechos básicos como salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social para personas con discapacidad. A su vez, el proyecto propone el fortalecimiento de los prestadores de servicios y el cumplimiento del cupo laboral con incentivos para las empresas que contraten personal con discapacidad.
María Inés Sánchez, psicóloga e integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), explicó a CBAHOY que «la situación del sector es crítica: los aranceles que cobran los prestadores están congelados desde diciembre del año pasado, y este año hubo un desfasaje de aproximadamente el 70% frente a la inflación. Además, hay demoras en las autorizaciones de tratamientos, lo que retrasa los pagos, y en muchos casos aún no se han cobrado prestaciones de 2023».
La especialista también señaló que se están realizando auditorías sin criterios claros y con exceso de requisitos, lo que pone en riesgo la continuidad de pensiones para personas que sí cumplen con los criterios de discapacidad. “Estamos viendo cómo se les exige más estudios, se les dificultan los trámites por correo y hasta se cuestionan condiciones plenamente comprobadas”, denunció.
Otro de los puntos clave es la degradación institucional: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de ser un ente autárquico y pasó a depender del Ministerio de Salud, lo que, según Sánchez, “representa un retroceso, porque la discapacidad no se reduce a lo médico: se trata de barreras sociales que deben ser superadas con apoyos, no con diagnósticos”.
El proyecto de ley, por el que se movilizan este jueves, plantea una recomposición inmediata de aranceles y una actualización automática según el índice de inflación (IPC), para garantizar la sostenibilidad de los tratamientos y del trabajo de quienes brindan servicios esenciales como profesionales, transportistas, centros de día y hogares.
La consigna que une al colectivo de discapacidad es clara: la emergencia ya está instalada en la vida cotidiana de miles de personas, y urge que el Congreso actúe para que sea ley.
