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Personas con discapacidad, familias y organizaciones locales reclamaron el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y de la Ley 24.901. Pidieron al Defensor del Pueblo que intervenga ante los Tribunales Federales.
Río Cuarto fue escenario este miércoles de una nueva movilización por los derechos de las personas con discapacidad. La concentración tuvo lugar en la Plaza Roca, donde vecinos, familias, prestadores, organizaciones e instituciones del sector exigieron el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad, y de la Ley N° 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad.
Durante la jornada, los manifestantes entregaron un petitorio al Defensor del Pueblo, Daniel Frangie, solicitándole que represente al sector de discapacidad de Río Cuarto con una presentación formal ante los Tribunales Federales competentes. El objetivo es exigir el cumplimiento efectivo de las normas que garantizan derechos básicos en materia de salud, pensiones y servicios de apoyo.
En el comunicado difundido por el espacio Emergencia en Discapacidad Río Cuarto, los participantes denunciaron que “el gobierno nacional atenta sistemáticamente contra los derechos de las personas con discapacidad, incurre en el abandono de sus funciones y no garantiza las pensiones, la remuneración digna a los trabajadores de talleres protegidos ni las prestaciones de salud básicas establecidas por ley”.
Asimismo, señalaron que la actual gestión nacional “vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y reclamaron al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia que aceleren el tratamiento de los recursos y medidas presentadas, tanto individuales como colectivas.
El documento también expresó el repudio al accionar de las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quienes –según denunciaron– “suspendieron la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas y se negaron a recibir el petitorio del sector”. Ante esta situación, exigieron la liberación de los fondos asignados a ANDIS, estimados en 121 millones de pesos, que se encuentran “inmovilizados por decisión de su interventor”.
Finalmente, los organizadores remarcaron que la movilización en Río Cuarto se suma a otras acciones similares que se desarrollan en distintas ciudades del país, con el objetivo de que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deje de ser letra muerta” y se implemente plenamente en todo el territorio nacional.
