El jefe de Gabinete declaró un préstamo en dólares otorgado por particulares para la compra de un inmueble en Parque Chacabuco. La operación es similar a otra realizada previamente y quedó bajo análisis judicial.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó en su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA) una nueva hipoteca privada vinculada a la adquisición de un departamento en la ciudad de Buenos Aires.
La operación, que no había trascendido públicamente hasta el momento, fue registrada el 15 de noviembre de 2024, cuando el funcionario ya se desempeñaba como vocero presidencial. El inmueble está ubicado en el barrio de Parque Chacabuco.
Según la documentación presentada, el financiamiento se realizó mediante un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos personas: una de ellas habría aportado la mayor parte del monto, mientras que la otra completó la suma restante.
En la declaración patrimonial correspondiente a 2024, Adorni consignó deudas por montos millonarios en pesos, aunque expresadas en dólares, derivadas de esta operación.
Uno de los datos que surgen del caso es que una de las prestamistas es una exintegrante de la Policía Federal, con antecedentes en el ámbito de formación de esa fuerza.
La operación inmobiliaria contó con la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien también participó en otras transacciones vinculadas al funcionario y su entorno familiar.
De acuerdo con la información difundida, la profesional registró ingresos a la Casa Rosada en reiteradas oportunidades desde que Adorni ocupa cargos en el Gobierno.
Además, Nechevenko fue citada a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.
La causa judicial apunta a analizar distintas operaciones inmobiliarias y movimientos financieros vinculados al funcionario, incluyendo compras de propiedades y viajes al exterior.
En ese contexto, el fiscal solicitó documentación detallada sobre las transacciones del entorno familiar de Adorni, con el objetivo de verificar la legalidad de los fondos utilizados y las condiciones de las deudas asumidas.
La modalidad de hipoteca privada utilizada en este caso guarda similitudes con otra operación realizada previamente para la compra de un departamento en el barrio de Caballito, donde el financiamiento también fue otorgado por particulares.
En aquel caso, el préstamo cubrió una parte significativa del valor del inmueble declarado, lo que generó cuestionamientos en torno a la valuación de la propiedad y las condiciones de la operación.
El avance de la investigación judicial será clave para determinar si las transacciones se ajustan a la normativa vigente y si existen irregularidades en la declaración patrimonial del funcionario.
