La central obrera expresó su repudio a la imputación judicial a Federico Giuliani, secretario general de CTA-A y de ATE Córdoba, por su participación en una manifestación social.

Este miércoles, la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba rechazó, denunció y repudió que, «como consecuencia de la ofensiva judicial, política y mediática destinada a criminalizar la protesta social que se desarrolló para frenar el ajuste, se impute al Secretario General de la Central y de ATE Córdoba, Federico Giuliani, por intervenir como orador en la Marcha contra el Hambre organizada por la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril en la ciudad Capital”, señala un comunicado de prensa.

Desde la central obrara manifestaron que “al mismo tiempo que el Gobernador Juan Schiaretti lanzaba ayer en el Hotel Quórum la campaña electoral del «Cordobesismo» de cara a los comicios del 25 de junio, Giuliani recibía por interpósita persona una citación judicial de manos de la Policía haciéndole saber que queda citado a comparecer ante la Fiscalía del Distrito Cuatro Turno Uno, sita en la calle Fructuoso Rivera 720 de barrio Observatorio el día 13 de abril a las 14.30 horas acompañado de su abogado defensor”.

“La citación agrega que el trámite tiene que ver con lo referente a las actuaciones sumariales caratuladas a prima facie como ‘actuaciones labradas’ de fecha 5 de abril, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Cuarto Turno Uno”, indica la nota.

La Asociación de Trabajadores del Estado ATE-Córdoba señaló que “a la hora de criminalizar la protesta no hay ‘grieta’ que valga entre una dirigencia política que actúa como gendarme de los intereses del poder real para acallar los reclamos de los que padecen en carne propia todos los días la injusticia social. Finalmente, el ajuste solo cierra con represión”.

En otro tramo del comunicado, la central obrera expresa: “No llama la atención la enorme distancia existente entre el accionar de jueces y políticos con el pueblo, ni que la mayoría de la gente descrea de esta democracia controlada y de una Justicia adicta, cuando en lugar de debatir y resolver los problemas que afectan a la mayoría de la población, tanto en el ámbito judicial como en el legislativo se preocupen en coartar el legítimo derecho a la protesta”.

“Salimos a la calle para luchar contra el régimen de saqueo y explotación que mantiene a empleados públicos y privados en la pobreza; precarizados en la indigencia; jubilados en la miseria; con el hambre campeando en las barriadas populares, mientras crece el conflicto de docentes y trabajadores de la salud, y los habitantes del Palacio de Justicia, la Unicameral y El Panal reniegan de la Justicia Social ofreciendo garrote a los que levantan su voz para denunciar el contubernio que promueve una sociedad de desiguales, con pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos”, concluye la declaración de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba.

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