El Ejecutivo aceptó la dimisión de Pablo Luis Santos al frente del Registro Nacional de las Personas y designó como reemplazante a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. Además, se formalizaron cambios en la UIF, el BICE, la Secretaría de Transporte y el ENARGAS, en una reconfiguración que impacta en áreas sensibles de la administración pública.
El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado a partir de la aceptación de renuncias y la designación de nuevos funcionarios en organismos estratégicos. La novedad principal fue la salida de Pablo Luis Santos como titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo el próximo 1° de febrero. En su lugar fue designado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, un funcionario que en su momento fue imputado en la causa judicial por la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp.
Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintos decretos, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. En el mismo paquete de resoluciones se incluyeron cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la Secretaría de Transporte y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
En el caso de la UIF, se formalizó la salida de Paul Starc como titular del organismo encargado de la lucha contra el lavado de activos. La vacante será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en ámbitos oficiales señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra. Starc, exfiscal identificado con el sector político vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, continuará dentro de la administración pública, ya que pasará a integrar el directorio del BICE, entidad que depende del Ministerio de Economía.
Desde la Casa Rosada buscaron despejar versiones de un conflicto político detrás de su desplazamiento y remarcaron que la salida respondió a una decisión personal. En ese sentido, señalaron que la designación en el BICE confirma que no existió un cortocircuito con el Ejecutivo, ya que, de haberse producido, no se le habría ofrecido un nuevo cargo en un organismo financiero del Estado.
En lo que respecta al RENAPER, la salida de Santos se produce en un contexto judicial complejo. El funcionario fue indagado en 2025 por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la firma de contratos de seguridad para el organismo, bajo la sospecha de que se habrían encubierto pagos de coimas vinculados a la empresa Securitas. Aunque Santos había sido designado por el Decreto 79/2023, los contratos bajo investigación corresponden a gestiones anteriores, que abarcan los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
El reemplazante, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, también llega con antecedentes judiciales. En 2017 fue imputado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la causa que investigó las responsabilidades administrativas por la tragedia de Time Warp, ocurrida en el complejo Costa Salguero y que dejó un saldo de cinco jóvenes fallecidos. En aquel momento, Pérez Lorgueilleux se desempeñaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras la imputación, el funcionario había señalado que otorgó el permiso para la realización del evento “porque se cumplía con los requisitos especificados en la normativa vigente”. Su llegada al Gobierno nacional se produce con el respaldo político de Diego Santilli, según consignaron fuentes del oficialismo.
La reestructuración dispuesta por el Ejecutivo también alcanzó a otras áreas de la administración. En la Secretaría de Transporte se aceptó la renuncia de Luis Pierrini y se designó en su lugar a Fernando Herrmann, quien asumirá la conducción de un área clave para la política de infraestructura y logística del Gobierno.
En paralelo, se oficializó la salida del interventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares. Su reemplazo será Marcelo Alejandro Nachón, quien, de acuerdo con el decreto de designación, “reúne los antecedentes que justifican su postulación” para ocupar la conducción del ente regulador del gas.
