El proyecto del Gobierno reduce del 6% al 5% el aporte patronal al sistema de salud sindical y podría recortar más de $100.000 millones en recursos, en un contexto de fuerte fragilidad financiera y rechazo de la CGT.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei avanza con cambios estructurales que, además de modificar la Ley de Contrato de Trabajo, introducen una reducción en las contribuciones patronales a las obras sociales. La iniciativa prevé bajar del 6% al 5% el aporte que realizan las empresas, mientras que el descuento a los trabajadores se mantiene en el 3%, una decisión que, según advierten especialistas y dirigentes sindicales, pone en riesgo el sostenimiento del sistema de salud.
De acuerdo con estimaciones del sector, la medida implicaría una caída cercana al 11% en los recursos que perciben las obras sociales sindicales. En términos concretos, el Fondo Solidario de Redistribución podría perder alrededor de $16.500 millones mensuales, mientras que el conjunto del sistema sufriría un recorte que superaría los $100.000 millones, profundizando una crisis financiera que ya es crítica.
El médico y exdirector del PAMI, Carlos Regazzoni, señaló que el objetivo oficial de abaratar el costo laboral para fomentar el empleo formal parte de un error técnico, ya que una menor recaudación por afiliado limita la capacidad de respuesta del sistema ante una mayor demanda de prestaciones. En ese sentido, advirtió que el esquema actual no podría absorber más trabajadores con menos recursos disponibles.
Desde las obras sociales remarcan que el recorte llega en un momento de extrema fragilidad, con un Programa Médico Obligatorio cuyo costo mensual se estima entre $65.000 y $70.000, difícil de sostener con una base de aportes reducida y afiliados mayoritariamente de bajos ingresos. A esto se suma el peso creciente del financiamiento de la discapacidad, que absorbe cerca del 90% del Fondo Solidario.
El dirigente de la CGT José Luis Lingieri fue aún más contundente al afirmar que el sistema “está quebrado” y que la reforma apunta a debilitar a los sindicatos. También cuestionó que el Gobierno no haya abierto instancias de diálogo y advirtió que, de avanzar el proyecto, muchas obras sociales no podrán sostener las prestaciones y terminarán trasladando la atención al Estado.
Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como parte de una estrategia para reducir el “costo argentino”, el debate en el Congreso se desarrolla en un clima de fuerte tensión política y sindical, con el sistema de salud como uno de los principales focos de conflicto de la reforma laboral.
