Tras el anuncio del Gobierno de impulsar una reforma laboral orientada a reducir la informalidad y atraer inversiones, consultoras de recursos humanos señalaron los ejes que debería contemplar el proyecto: actualización normativa, formación continua y esquemas más flexibles que fomenten el empleo formal.
Luego del triunfo electoral, el Gobierno nacional definió como una de sus prioridades legislativas la discusión de una reforma laboral que apunte a formalizar el empleo y mejorar las condiciones para la inversión. Consultoras especializadas en recursos humanos advirtieron que el debate debe centrarse en modernizar la normativa, equilibrar los intereses de empresas y trabajadores, y promover la capacitación permanente.
Según trascendidos, el proyecto que elabora el Ejecutivo de Javier Milei incluiría la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios, la digitalización de recibos de sueldo y la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas. En paralelo, el Presidente anticipó que buscará reducir la carga tributaria y “bajar 20 impuestos” como parte de una estrategia para estimular la actividad económica.
Para Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina, una reforma laboral “debe orientarse a modernizar el mercado de trabajo para generar empleo formal, registrado y de calidad”. En ese sentido, propuso actualizar el marco regulatorio, adoptar estándares internacionales, promover la seguridad jurídica y facilitar la creación de empleo privado.
Desde Randstad, Jorge Figueroa sostuvo que “el verdadero riesgo de vulneración de derechos está en el encuadre legal que deja afuera a cuatro de cada diez trabajadores informales”. El especialista destacó que la aceleración tecnológica y la diversidad laboral exigen “un marco normativo moderno, inteligente, flexible y seguro”. Además, planteó la necesidad de incluir a personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes en primer empleo, impulsando la inclusión y la formación continua.
Por su parte, el CEO de Adecco Argentina, Leandro Cazorla, coincidió en la necesidad de una “reforma responsable” que equilibre la creación de empleo formal con la protección efectiva de los derechos laborales. Propuso tres ejes centrales para la discusión:
- Modernización en la contratación, con esquemas flexibles y previsibles que acompañen la dinámica del mercado laboral actual.
- Fomento de la formalización, mediante incentivos simples y sostenibles para reducir la informalidad, que hoy afecta a más del 40% de los trabajadores.
- Formación continua, a través de programas de capacitación articulados entre el sector público y privado para cerrar la brecha de habilidades y facilitar la adaptación tecnológica.
Como ejemplo, Cazorla mencionó el modelo chileno del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), que permite a las empresas descontar parte de la inversión en formación de sus impuestos, promoviendo la inserción laboral de jóvenes y sectores vulnerables.
En síntesis, los especialistas coinciden en que una reforma laboral viable debe combinar flexibilidad y previsibilidad con protección social, priorizando la empleabilidad de las personas frente a la rigidez de los contratos.
