El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso ante un plenario de comisiones y sostuvo que la iniciativa mantiene los derechos esenciales de los trabajadores, con foco en PyMEs y en fomentar la contratación formal.
En el Senado de la Nación, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la propuesta conserva los derechos “esenciales de los trabajadores”, al tiempo que apunta a “devolver poder al empleador” para incentivar la contratación y reducir la informalidad.
La exposición se dio en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidido por la senadora Patricia Bullrich, donde el funcionario afirmó que el texto fue “tergiversado” por sectores de la oposición y que se trata de una iniciativa “equilibrada”.
Durante su intervención, Cordero remarcó que el proyecto parte de una premisa central: “para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla”. En ese sentido, sostuvo que la libertad de contratación debe contar con reglas claras que promuevan el empleo y eviten el estancamiento del mercado laboral.
Uno de los puntos más debatidos fue el vinculado a la litigiosidad laboral, tema que generó preguntas por parte de senadores de la oposición, entre ellos Mariano Recalde, del bloque Unión por la Patria. Frente a esas críticas, el secretario de Trabajo defendió el enfoque del proyecto y señaló que está pensado “de manera moderna para las PyMEs” y para quienes buscan incorporarse al mundo laboral.
Cordero afirmó que el trabajo en Argentina “existe y es valioso” y que no se busca eliminar derechos, sino ordenar situaciones que hoy derivan en empleo informal. “La irregularidad no está bien. Lo que buscamos es que las cargas no sean tan fuertes que lleven a trabajar de manera irregular”, indicó.
Finalmente, destacó que la reforma no está orientada a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas, y que uno de sus objetivos es que, ante una desvinculación, las PyMEs tengan la capacidad financiera para afrontar los costos correspondientes “en beneficio del trabajador”. Según el funcionario, la iniciativa apunta a regular las relaciones laborales y a facilitar la creación de empleo formal en un contexto económico complejo.
