Organizaciones sindicales denunciaron ante la CIDH la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y señalaron presuntas violaciones a derechos laborales y sindicales.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció este martes al Gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional y por una presunta persecución contra dirigentes sindicales.
La presentación se realizó durante una audiencia celebrada en Washington, en el marco del 196.º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las organizaciones sostuvieron que la reforma representa «un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX» al considerar que afecta derechos laborales históricos y el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
Entre los cuestionamientos, el FreSU afirmó que la iniciativa «ataca la jornada de ocho horas», restringe el derecho a huelga, debilita a los sindicatos y favorece jornadas laborales más extensas con menores salarios.
Reclamos por presunta persecución a dirigentes gremiales
Durante la audiencia, las organizaciones también denunciaron lo que calificaron como una política de persecución y disciplinamiento hacia referentes sindicales. Entre los casos mencionados figuró la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la situación del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral tiene como objetivo beneficiar al sector empresario mediante una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo. Además, afirmó que el Gobierno impulsa medidas que, según su interpretación, afectan el Estado de derecho y las garantías laborales.
En tanto, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, aseguró que la combinación entre la reforma laboral y la desregulación de distintos servicios produjo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un mayor impacto sobre las mujeres, especialmente en las tareas de cuidado.
Por su parte, Pablo Biró denunció haber sido objeto de una campaña de persecución mediática, gremial y judicial por parte de funcionarios nacionales. También afirmó que presentó un hábeas corpus preventivo tras recibir amenazas contra su entorno familiar y mencionó acciones judiciales y sanciones contra distintos sindicatos.
Qué planteó la CIDH durante la audiencia
Tras escuchar las exposiciones de las organizaciones, integrantes de la CIDH formularon consultas a los representantes del Estado argentino sobre el contenido de la reforma laboral y el proceso de implementación, de acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas.
Durante la audiencia también participaron representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT).
El abogado Matías Cremonte sostuvo que la reforma incorpora mecanismos que, según su interpretación, profundizan la desigualdad en la relación laboral, mientras que el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, cuestionó la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, al considerar que afecta la libertad sindical y la negociación colectiva.
Finalmente, la abogada Mariana Amartino solicitó a la CIDH que emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que analice la compatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos de derechos humanos. Además, pidió que la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) visite Argentina para relevar el impacto de la reforma sobre los trabajadores.