La Cámara de Diputados debate este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares de Argentina, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional con el respaldo de gobernadores de provincias mineras que busca redefinir los alcances de protección sobre los glaciares y, especialmente, sobre el ambiente periglacial.
Uno de los cambios centrales del proyecto es la modificación de los criterios que determinan qué áreas deben ser protegidas. En este sentido, la iniciativa propone habilitar actividades económicas —como la exploración y explotación minera— en zonas periglaciares que hasta ahora estaban restringidas, siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental.
Además, la reforma transfiere a las provincias la potestad de definir cuáles son las zonas periglaciares protegidas y cuáles pueden ser utilizadas para el desarrollo productivo. Este punto implica una reducción del rol de la administración nacional en la regulación ambiental, lo que genera fuertes debates sobre la uniformidad de los criterios de protección.
El impulso político del proyecto cuenta con el apoyo de mandatarios como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes buscan fomentar inversiones mineras en sus territorios, en línea con el régimen de incentivos del RIGI.
Qué es el ambiente periglacial y por qué es clave
El ambiente periglacial está compuesto por zonas cercanas a los glaciares donde el suelo permanece congelado gran parte del año. Estas áreas cumplen una función esencial como reserva hídrica, ya que actúan como una “esponja” que acumula y libera agua de manera gradual, regulando el caudal de ríos y cuencas.
La legislación vigente incluye estas regiones dentro del esquema de protección ambiental justamente por su importancia estratégica en el abastecimiento de agua. Sin embargo, con la reforma en debate, esa protección podría flexibilizarse.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es que elimina la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares. En su lugar, establece que la habilitación dependerá de estudios técnicos que determinen si esa zona cumple o no una función hídrica relevante. En los casos en que no se pueda demostrar ese rol, las áreas podrían quedar abiertas a la explotación.
En ese marco, el debate sobre la reforma no solo gira en torno a la actividad minera, sino también a la gestión de los recursos naturales y el acceso al agua, un recurso estratégico en un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los ecosistemas de alta montaña.
