El Consejo Interuniversitario Nacional pidió al Congreso que respete la Ley de Financiamiento Universitario y amplíe las partidas para salarios, becas y funcionamiento. Advirtió que el proyecto enviado por el Ejecutivo pone en riesgo el derecho a la educación y la continuidad de las instituciones.
En su 40° aniversario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar al Congreso de la Nación la aprobación de un presupuesto 2026 que permita garantizar el funcionamiento pleno de las universidades públicas.
La entidad, que reúne a los rectores de las instituciones nacionales, solicitó que la ley de gastos contemple lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada este año por ambas Cámaras, donde se fijan los parámetros de protección del sistema, la recomposición salarial docente y nodocente y el sostenimiento de las becas estudiantiles.
El CIN recordó que tanto el Senado como Diputados ya expresaron su respaldo a la educación superior pública y pidió que ese compromiso se vea reflejado en la discusión del Presupuesto Nacional 2026. En ese sentido, reclamó que se incorporen partidas que otorguen previsibilidad y eviten restricciones que comprometan el funcionamiento institucional a lo largo del próximo año.
Según advirtió el organismo, las cifras contempladas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de septiembre dejarían “gravemente lesionado” el derecho a la educación de los jóvenes que asisten a las universidades públicas, un sistema que —subrayó— la sociedad argentina valora y reconoce por su calidad.
Desde el CIN insistieron en que el presupuesto universitario no es un gasto prescindible sino una garantía central para sostener la formación, la investigación y la extensión, pilares que dependen de una adecuada asignación de recursos. Con ese mensaje, los rectores apelaron nuevamente al Congreso para asegurar que la “ley de leyes” proteja a las universidades de un escenario crítico en 2026.