Los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, liderados por Carlos Gutiérrez y Alejandra Vigo, calificaron como insostenible la propuesta del Gobierno nacional de reducir en 60.000 millones de dólares el gasto provincial.
A través de un comunicado, los diputados y senadores señalaron que “este recorte draconiano pondría en riesgo servicios esenciales como educación, salud y seguridad”.
Los diputados nacionales Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge, junto con la senadora Alejandra Vigo, alzaron la voz en contra del ajuste que el Presidente pretende que las provincias implementen. Según los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, esta propuesta de reducción de 60.000 millones de dólares, equivalente a casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es «absolutamente insostenible y fuera de toda lógica».
«Para entender la gravedad de la situación, debemos considerar que el gasto consolidado de las provincias ronda el 14,7% del PIB, es decir, unos 88.000 millones de dólares. Si aplicamos este recorte, significaría una reducción del 68% del gasto provincial, lo cual es simplemente inviable», expresaron los legisladores en un comunicado conjunto.
Según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los servicios esenciales como la educación, la salud, la seguridad y las obras públicas sufrirían un golpe devastador. «Las provincias no podrían seguir brindando servicios fundamentales con un recorte de tal magnitud. Estamos hablando de una verdadera tragedia social que afectaría a millones de personas que dependen del sistema público provincial», advirtieron.
Carlos Gutiérrez, en representación del bloque, fue contundente: «No se trata de una simple optimización del gasto, sino de un recorte draconiano que pone en peligro la vida de los argentinos». A su vez, Alejandra Vigo agregó que las consecuencias económicas y sociales de esta medida serían devastadoras, especialmente para los sectores más vulnerables.
El grupo de legisladores cerró el comunicado subrayando la necesidad de un debate serio sobre la eficiencia del gasto público, pero rechazando de plano cualquier propuesta que implique un ajuste de esta envergadura.
