Casi 9 de cada 10 asociaciones civiles y fundaciones registradas en Córdoba se encuentran actualmente en infracción por la falta de presentación de balances y estados contables. Según datos relevados por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, son 12.138 entidades sobre un total de 13.719 las que presentan esta situación.
Ante este escenario, el legislador provincial Matías Chamorro presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Simplificado para Asociaciones Civiles y Fundaciones, con el objetivo de reducir las exigencias contables para las entidades de menor escala.
La iniciativa comenzó a ser analizada en comisión de la Legislatura de Córdoba, con la participación de autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. El tratamiento busca incorporar aportes técnicos antes de avanzar con la propuesta.
Qué plantea el Régimen Simplificado
El proyecto establece que las entidades que tengan menor escala y movimiento económico puedan quedar exceptuadas de llevar una contabilidad regular. En su lugar, deberán mantener un registro simplificado de ingresos y egresos, conservar la documentación respaldatoria y presentar la información que eventualmente solicite la autoridad de aplicación.
Según explicó Chamorro, la propuesta no apunta a eliminar los mecanismos de fiscalización, sino a establecer obligaciones proporcionales a las características de cada organización.
“No estamos proponiendo menos control. Estamos proponiendo información proporcional al tamaño de cada organización”, sostuvo el legislador. En ese sentido, planteó que no debería exigirse la misma estructura contable a una pequeña asociación barrial que a una entidad con un movimiento económico mayor.
El objetivo es que los costos y tiempos destinados al cumplimiento de trámites administrativos no representen una carga desproporcionada para organizaciones que funcionan, en muchos casos, a partir del trabajo voluntario de sus integrantes.
Clubes, bibliotecas y cooperadoras
Chamorro mencionó entre los posibles beneficiarios a bibliotecas populares, clubes de barrio, cooperadoras y centros de jubilados, entidades que desarrollan actividades comunitarias y que, de acuerdo con el planteo, podrían encontrar dificultades para afrontar las obligaciones contables actuales.
“Una biblioteca popular, un club de barrio, una cooperadora o un centro de jubilados, no deberían tener que dedicar más tiempo a resolver trámites contables que a cumplir la tarea para la que fueron creados”, señaló.
El legislador también sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil cumplen funciones vinculadas con la promoción de derechos y la atención de necesidades comunitarias. Por eso, consideró necesario reducir obstáculos administrativos que puedan afectar el desarrollo de esas actividades.
La propuesta contempla además la creación de un Registro Provincial de Entidades Beneficiarias del Régimen de Eximición Contable, que quedaría bajo la órbita de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas.
El Estado mantendría las facultades de control
El proyecto establece que el régimen simplificado no implicaría eliminar las facultades de fiscalización del Estado. Las entidades alcanzadas deberían conservar la documentación que respalde sus movimientos y ponerla a disposición de la autoridad competente cuando sea requerida.
De esta manera, la iniciativa busca combinar una reducción de las obligaciones contables para las organizaciones de menor escala con mecanismos que permitan mantener el acceso del Estado a la información necesaria para ejercer sus funciones de control.
El proyecto continuará su tratamiento parlamentario en comisión, donde se prevé incorporar aportes técnicos de los organismos vinculados con la regulación y el ejercicio profesional contable antes de avanzar con su discusión legislativa.
