La iniciativa del concejal Pablo Benítez busca impedir que personas procesadas o condenadas por delitos, deudores alimentarios y responsables de violencia familiar puedan acceder a contratos con el Estado local.
El concejal de Río Cuarto, Pablo Benítez, presentó un proyecto para modificar la Ordenanza N° 835/94, que regula el sistema de contrataciones de bienes, obras y servicios del Estado municipal. La propuesta apunta a endurecer los criterios de exclusión en el Registro Municipal de Contratistas, incorporando nuevas restricciones para garantizar mayor transparencia en los procesos.
Según el texto presentado, quedarán alcanzados por la prohibición quienes estén procesados o condenados por delitos penales, así como aquellas personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios y quienes tengan antecedentes en casos de violencia familiar.
En la normativa vigente, el artículo 45 inciso “i” establece limitaciones para inscribirse en el Registro, aunque actualmente deja a criterio del organismo la posibilidad de exceptuar ciertos casos. Con la reforma propuesta, se busca eliminar esa discrecionalidad y establecer criterios más claros y estrictos.
“No se puede dejar al arbitrio y análisis subjetivo del Registro la posibilidad de que una persona procesada o condenada pueda ser parte de una contratación con el Estado”, fundamenta el proyecto.
Benítez señaló que la iniciativa pretende fortalecer la ética, la moral pública y la confianza institucional, evitando que quienes hayan cometido delitos que afectan la convivencia social se beneficien con recursos estatales.
De aprobarse, la modificación impactará en contrataciones realizadas mediante licitaciones, concursos de precios y contrataciones directas, que son los mecanismos más frecuentes de vinculación con proveedores en el ámbito municipal.
El proyecto será tratado en el Concejo Deliberante de Río Cuarto en próximas sesiones.
