La Comisión de Gobierno, Relaciones Comunitarias, Prevención y Convivencia Ciudadana del Concejo Deliberante de Río Cuarto avanzó en el tratamiento de un Proyecto de Declaración que manifiesta la profunda preocupación por el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. «Hoy la universidad está en la peor situación desde la vuelta de la democracia», afirmó Ana Medina, presidenta del Parlamento local.
Durante el encuentro participaron representantes gremiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto: Daniel Garis, secretario general de la Asociación Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto (ATURC) ; Ernesto Cerdá, secretario general de la Asociación Gremial Docente; y el secretario adjunto Alejandro Larriestra, quienes expusieron la crítica situación económica que atraviesan trabajadores y docentes universitarios.
En ese marco, Daniel Garis señaló: “Hemos perdiendo un 53% en nuestro salario. En el financiamiento universitario los porcentajes son menores. También es crítica la situación de los alumnos y las becas. Se tiene que aplicar la ley que está aprobada y esa será la solución a todos estos problemas. Este gobierno está yendo por fuera de la democracia no cumpliendo con la ley».
Por su parte, Ernesto Cerdá afirmó: “Desde que asumió Milei venimos sosteniendo la lucha. El 70% de la planta docente de la UNRC cobra alrededor de 780 mil pesos, lo que implica que muchos deben tener más de un trabajo. Ya estamos en un punto de no retorno”, y remarcó la necesidad de que se cumpla una ley que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso pero que no está siendo ejecutada.
A su turno, la presidenta del Concejo Deliberante e impulsora del proyecto, Ana Laura Medina, expresó: “Hoy la universidad está en la peor situación desde la vuelta de la democracia. Se pierde investigación, vida universitaria y capital humano. Es fundamental que la comunidad se apropie de la universidad y comprenda lo que está en juego”. Y agregó: «Es importante expandir esto y que el sector privado se sume al debate, hay distintas empresas con egresados de la universidad pública y que hacen a la actividad económica. Hay que seguir trabajando en los territorios para que la comunidad se apropie de eso».
El proyecto impulsado desde el cuerpo legislativo declara que el incumplimiento sostenido de la ley por parte del Gobierno Nacional pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema universitario, afectando el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión. Asimismo, advierte que esta situación no solo implica una problemática presupuestaria, sino que compromete el acceso a la educación pública, la producción de conocimiento y el desarrollo del país.
En ese sentido, los dirigentes gremiales destacaron que los salarios docentes han sufrido una caída del 34% en términos reales durante la actual gestión nacional, mientras que el presupuesto universitario se redujo un 28,9% entre 2023 y 2025.
Finalmente, desde el Concejo se subrayó la importancia de garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente y se reafirmó el compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad como pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad.