El proyecto enviado al Congreso prevé un leve incremento real en jubilaciones y pensiones, condicionado a la baja de la inflación. No se actualiza el bono vigente y se reduce casi a la mitad la partida para sentencias previsionales.
El Presupuesto 2026 que el Gobierno presentó este lunes en el Congreso prevé un aumento moderado en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones, pero no contempla subas adicionales por fuera de la fórmula de movilidad ni la actualización del bono de hasta $70.000, congelado desde marzo de 2024.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto en Prestaciones de la Seguridad Social tendría una mejora real de 5,4% respecto a este año. Sin embargo, esa variación se sostiene únicamente en el esquema de movilidad atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ajusta con dos meses de rezago.
Según cálculos privados en base al proyecto, las transferencias previsionales representarán 6,37% del PBI en 2025 y 6,5% en 2026, lo que implica un incremento marginal de apenas 0,13 puntos. En caso de cumplirse la proyección oficial de inflación del 10,1% anual para 2026, los haberes podrían recuperar algo de poder adquisitivo; pero si la inflación no cede, el rezago de la fórmula impactará de manera negativa en los ingresos de los jubilados.
Otro dato relevante es el recorte en las partidas para deudas previsionales reconocidas por la ANSES. El Presupuesto 2026 destina $212.288 millones para sentencias judiciales y administrativas, lo que representa una reducción nominal del 45,6% frente a los $390.050 millones contemplados en el borrador del año pasado.
En síntesis, el esquema planteado por el Ejecutivo mantiene la indexación por inflación como única herramienta de actualización de haberes, sin refuerzos extraordinarios ni mejoras en el bono vigente, y con un recorte marcado en las obligaciones judiciales del sistema previsional.
