El oficialismo logró aprobar el tramo más sensible de la “ley de leyes” con el acompañamiento de aliados, dialoguistas y un sector del peronismo, pese al rechazo del bloque kirchnerista.
El Senado convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 tras una extensa sesión atravesada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos al contenido de algunos artículos clave. Si bien la votación en general se resolvió con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el foco de la discusión estuvo puesto en el Capítulo 2, considerado el más controversial del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.
Ese capítulo, que incluye los artículos 12 y 30, fue aprobado por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, y terminó siendo clave para el triunfo legislativo del oficialismo. Además del respaldo unánime de la bancada libertaria, el Gobierno logró sumar apoyos de sectores que, en la previa, manifestaban reparos sobre el alcance de las reformas incluidas.
Acompañaron el Capítulo 2 los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical, con la excepción de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger; la totalidad del PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón y los peronistas Guillermo Andrada y Carolina Moisés, estos últimos enrolados en espacios no alineados con el kirchnerismo duro.
En contraposición, el bloque Justicialista que conduce José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, rechazó en bloque el proyecto. Ese sector ya había advertido su oposición durante el tratamiento en Diputados, donde el oficialismo debió resignar el Capítulo 11, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
El contenido del Capítulo 2 explica en buena medida la tensión que atravesó el debate. El artículo 12 fija que las universidades nacionales contarán con recursos por unos 4,8 billones de pesos, aunque establece una serie de requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a esos fondos. En tanto, el artículo 30 dispone la derogación de normas que fijaban porcentajes mínimos de inversión en educación, ciencia y técnica, incluyendo el 6% del PBI para educación, el sendero de incremento progresivo hasta el 1% del PBI para ciencia y tecnología hacia 2032 y el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo destinado a escuelas técnicas.
Con este respaldo transversal, el oficialismo consiguió avanzar en el tramo más resistido del Presupuesto y consolidar un triunfo político que le permitió cerrar el año con la sanción de la “ley de leyes”, apoyado en una mayoría construida más allá de sus propias filas.
