Las cámaras empresarias advirtieron sobre atrasos en los pagos y cuestionaron los valores de las prestaciones. Desde la gestión de Javier Milei aseguran que trabajan en una respuesta para garantizar la atención de jubilados y pensionados.
El Gobierno nacional enfrenta un nuevo foco de tensión vinculado al funcionamiento del PAMI, luego de que entidades prestadoras de salud reclamaran una actualización de los valores que reciben por los servicios brindados a afiliados del organismo.
Según trascendió, el Ministerio de Economía trabaja en una propuesta para mejorar los montos destinados a las prestaciones médicas y evitar que el conflicto afecte la atención de jubilados y pensionados en todo el país.
Los reclamos surgieron a partir de un comunicado difundido por cámaras empresarias del sector, que advirtieron sobre un importante atraso en los valores reconocidos por el PAMI y cuestionaron descuentos aplicados sobre las liquidaciones. Las entidades señalaron que la situación compromete la capacidad de numerosas instituciones para sostener los servicios en condiciones normales.
De acuerdo con los datos difundidos por los prestadores, el desfase acumulado alcanzaría el 102%, mientras que las actualizaciones previstas para junio y julio serían del 1,9% mensual. Además, remarcaron que esos incrementos impactarían recién en las liquidaciones de agosto y septiembre.
En ese contexto, desde el sector privado sostuvieron que es necesario avanzar en un esquema de actualización que refleje los costos reales de funcionamiento, junto con cambios en los mecanismos de contratación, financiamiento y auditoría de las prestaciones.
Las entidades también recordaron que más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen al sistema privado, por lo que cualquier dificultad financiera puede repercutir directamente en la capacidad de respuesta sanitaria.
Mientras tanto, el Gobierno busca desactivar el conflicto mediante una recomposición de recursos que permita sostener la atención médica de los afiliados. La discusión se produce en un momento sensible para la administración nacional, que intenta evitar nuevos focos de tensión en áreas vinculadas a la salud y los servicios esenciales.
Desde las cámaras prestadoras insistieron en la necesidad de encontrar soluciones que garanticen previsibilidad al sistema y permitan asegurar la continuidad de la atención para millones de jubilados y pensionados en todo el país.
