Instituciones del sector advierten que la crisis financiera se profundiza y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad en todo el país.
La crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo con el anuncio de un paro de tres días convocado por prestadores de todo el país, medida que comenzó este viernes y prosigue la semana próxima como forma de protesta ante la falta de pagos del Estado y el fuerte atraso en los aranceles del sistema.
Desde el sector advierten que la situación es crítica y que numerosas instituciones se encuentran con serias dificultades para sostener su funcionamiento. Según señalan referentes vinculados a centros de rehabilitación y atención especializada, existen prestaciones que no se cobran desde octubre del año pasado, lo que generó un fuerte deterioro financiero en organizaciones que dependen de esos ingresos para afrontar gastos básicos.
Prestadores del sistema sostienen que el problema se agravó luego del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su posterior traspaso a una secretaría dentro del Ministerio de Salud, proceso que habría generado demoras administrativas en los pagos. Desde las instituciones aseguran que las explicaciones oficiales apuntan a cuestiones burocráticas, pero que en la práctica las entidades no pueden afrontar salarios ni sostener la prestación de servicios.
La situación se arrastra desde el año pasado y, según plantean desde el sector, muchas instituciones ya se encuentran endeudadas y con escasa capacidad para continuar financiando prestaciones esenciales como alimentación, alojamiento y tratamientos terapéuticos.
La crisis también impacta en el sistema de transporte que traslada a personas con discapacidad a centros de día y establecimientos educativos terapéuticos. Prestadores advierten que varios transportistas dejaron de brindar el servicio debido a la deuda acumulada y al aumento de los costos operativos, lo que dificulta el acceso de los pacientes a sus tratamientos.
En este contexto, desde las instituciones remarcan que las consecuencias recaen directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en aquellos casos donde los tratamientos son permanentes o indispensables para sostener la salud de los pacientes.
A la falta de pagos se suma además el atraso en los aranceles del sistema. Prestadores señalan que durante el último año el valor real de las prestaciones perdió gran parte de su poder adquisitivo, mientras que los incrementos anunciados aún no se reflejan en los pagos.
Frente a este escenario, el sector anunció medidas de protesta en distintos puntos del país con jornadas de visibilización y cese de actividades. Al mismo tiempo, no descartan nuevas acciones en caso de que no haya respuestas por parte de las autoridades nacionales.
