La comunidad universitaria y científica llevará al Congreso una propuesta para garantizar fondos adecuados y previsibles para las universidades nacionales. Apuntan a recuperar el poder adquisitivo, asegurar becas y sostener la educación pública. «La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina«, argumenta el proyecto.
Este miércoles 28 de mayo, representantes de universidades, centros científicos y organizaciones sociales de todo el país se congregarán en el Congreso de la Nación para presentar un Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La iniciativa busca responder a la crítica situación económica que atraviesan las universidades públicas, garantizando un piso de inversión estatal que asegure su funcionamiento, salarios dignos, infraestructura adecuada y acceso gratuito para el estudiantado.
El proyecto, impulsado por distintos sectores de la comunidad educativa, propone que el financiamiento universitario se convierta en una política de Estado. Entre sus puntos centrales, establece que el presupuesto destinado a las universidades deberá alcanzar, en forma progresiva, el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2031. También exige la actualización automática de partidas según la inflación y la convocatoria a paritarias docentes y nodocentes cada tres meses.
Uno de los reclamos más urgentes que recoge el texto es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más del 70% de docentes y nodocentes cobra por debajo de la línea de pobreza. El proyecto exige que los aumentos salariales se adecuen al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC y que todas las sumas sean remunerativas.
Asimismo, contempla la creación de un fondo anual de 10 mil millones de pesos (actualizables por inflación) para fomentar carreras estratégicas, especialmente en inteligencia artificial y vacancias territoriales, así como el fortalecimiento de las becas estudiantiles PROGRESAR y Manuel Belgrano. También se propone revisar los criterios de admisibilidad para asegurar mayor equidad y permanencia en la educación superior.
Desde diciembre de 2023, las universidades públicas enfrentan un escenario de recorte presupuestario, ya que el Gobierno nacional prorrogó el presupuesto del año anterior, desactualizado frente a la inflación. Según estimaciones del sector, las transferencias recibidas han caído más de un 30% en términos reales, afectando el funcionamiento normal de las casas de estudio.
La iniciativa será presentada en un contexto de fuerte apoyo social a la universidad pública. La masiva Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país, evidenció la preocupación por el futuro del sistema educativo superior argentino.
El proyecto de ley, que consta de 12 artículos y sus fundamentos, será entregado en mano a legisladores y legisladoras, con la expectativa de que el Congreso le dé tratamiento urgente. Desde el sector académico aseguran que sin un compromiso firme del Estado, el riesgo de vaciamiento del sistema universitario es inminente.
