Así opinó Darío Grabina, secretario general de UEPC Río Cuarto, sobre la ley que tuvo media sanción en Diputados para declarar a la educación como servicio esencial. “Proponemos que en lugar de eso se declare al salario docente como esencial”, retrucó.
En declaraciones a CBAHOY, Darío Grabina expresó la disconformidad que hay en los educadores por esta iniciativa de Diputados. “Cada vez que se habla de un servicio esencial como tiene que ver el servicio de salud, es porque la no prestación de ese servicio pone en riesgo de muerte la vida de las personas, no es el caso del sistema educativo”, argumentó.
En esta línea, el dirigente sindical agregó: “Acá lo que les está preocupando es la fuerza que tienen no solamente los sindicatos, sino el colectivo de trabajadores de la educación que cuando se manifiesta es un número importante y que desequilibra la intensión del funcionamiento normal que puede tener cualquier gobierno”, agregó.
“Nosotros reclamamos por salarios, por tanto, cuando hablamos de esencialidad en la educación, nosotros planteamos por qué no pensarlo en la esencialidad salarial y edilicia para que ningún docente tenga que realizar un paro”, retrucó Darío Grabina.
“Por qué es una fatalidad que el docente realice un paro y no los es que el salario docente sea lo suficientemente importante para que ningún docente tenga interés en realizar una medida de fuerza”, interpeló el secretario general de UEPC.
Darío Grabina consideró que el derecho a huelga de los docentes no lo van a poder impedir “porque si bien se tiene que cubrir el 30 o el 50% de presencialidad en las escuelas, eso no se va a definir por sorteo quien va a trabajar y quien de huelga porque todos tienen el mismo derecho”. Además, remarcó que “mucho menos obligar a los equipos directivos que son docentes con cargos jerárquicos, pero que no representan a la patronal y tengan que estar obligados a tener la institución abierta. Eso atenta contra el derecho al reclamo”, enfatizó.
Sostuvo que esta iniciativa va en línea con el Protocolo de Seguridad para evitar las manifestaciones sociales. “Impusieron este protocolo que mientras es un grupo reducido no hay problema porque todos caminan por la vereda, pero cuando tenés más de 100 mil personas como fue la última marcha no hay protocolo que funcione. Y en esto va a pasar lo mismo”, opinó.
“Me parece que es una forma de evitar o invisibilizar los verdaderos reclamos que están circulando alrededor de la ciudadanía, en este caso el de los docentes”, concluyó.
