Entre los acusados se encuentra el ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera. La causa investiga el accionar posterior al homicidio del joven, ocurrido en agosto de 2020.
El fiscal Franco Mondino solicitó la elevación a juicio oral contra 11 funcionarios públicos imputados por su actuación posterior al crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por efectivos policiales en la ciudad de Córdoba en agosto de 2020. Entre los acusados figura el ex ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera (foto).
El pedido fue realizado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación y se desprende de la investigación iniciada luego de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen, que condenó a los policías responsables del homicidio. El objetivo de esta nueva causa es determinar la responsabilidad de funcionarios y jefes policiales en los hechos posteriores al asesinato.
Además de Mosquera, fueron citados a juicio el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano —actual integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad—, y el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de la Policía de Córdoba.
Según la acusación fiscal, la elevación a juicio se basa en cinco hechos principales. El primero involucra a siete policías acusados de abuso de autoridad, por haber omitido resguardar la vida de Blas Correas durante un control vehicular en la madrugada del 6 de agosto de 2020, en la intersección de avenida Chacabuco y calle Corrientes. De acuerdo a la investigación, no le brindaron asistencia ni permitieron su traslado al Hospital de Urgencias, lo que derivó en su fallecimiento.
En el segundo hecho, la oficial principal Natalia Soledad Márquez deberá responder por lesiones leves calificadas, ya que durante el mismo operativo habría agredido a Camila Toci, quien viajaba en el vehículo junto a Blas Correas, provocándole lesiones en el tobillo.
El tercer hecho apunta al ex comisario mayor Gonzalo Cumplido, acusado de encubrimiento por omisión de denuncia agravada. La Fiscalía sostiene que tomó conocimiento del “plantado” de un arma de fuego en la escena del crimen, maniobra destinada a desviar la investigación y encubrir a los autores del homicidio, y no lo denunció.
En el cuarto hecho, el ex ministro Mosquera está imputado por el delito de presentación u ofrecimiento de dádivas. Según la causa, ofreció y entregó un automóvil Toyota Corolla, junto con el pago del seguro y combustible, a Cumplido. Lucas Mezzano está acusado como partícipe necesario de esa maniobra, mientras que Cumplido enfrenta cargos por admisión de dádivas. La Fiscalía vincula este hecho con las derivaciones políticas y judiciales del caso de gatillo fácil.
El quinto hecho investigado involucra al director del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía, Víctor Rubén Di Stéfano, acusado de abuso de autoridad por autorizar el ingreso de personal jerárquico a la sala de cámaras para observar registros vinculados al crimen.
Por otra parte, el fiscal dispuso el archivo de tres hechos que también habían sido investigados, al considerar que no había elementos suficientes para avanzar con la acusación. En tanto, permanece pendiente la resolución sobre otra causa vinculada a la presunta violación de medios de prueba, que involucra a siete policías ya imputados.
De esta manera, la Justicia cordobesa avanza hacia un nuevo juicio que busca establecer responsabilidades políticas, jerárquicas y administrativas en uno de los casos de violencia institucional más resonantes de la provincia.
