Más de quince sindicatos se movilizan en Córdoba contra el aumento del 4% a la Caja de Jubilaciones y del 2% a Apross, en una jornada de paro que coincidirá con el debate legislativo del Presupuesto 2026 y podría afectar la atención en dependencias públicas.
En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno provincial y los trabajadores estatales, más de quince gremios se movilizan este miércoles hacia la Legislatura de Córdoba para rechazar la suba de aportes previsionales y a la obra social Apross. La protesta se desarrolla en simultáneo con el tratamiento legislativo del Presupuesto 2026 y de las facultades que el Ejecutivo de Martín Llaryora busca para incrementar los descuentos sobre los salarios del sector público.
La convocatoria, impulsada por el frente gremial estatal, se da mientras la Unicameral avanza con el artículo que habilita, en caso de declararse la emergencia previsional, un aumento de hasta cuatro puntos porcentuales en los aportes personales a la Caja de Jubilaciones. A esa iniciativa se suma la posibilidad de elevar en dos puntos la alícuota destinada a Apross. Desde los sindicatos advierten que ambas medidas implican un nuevo recorte salarial y denuncian que los trabajadores y jubilados no pueden ser la variable de ajuste para cubrir el déficit del sistema.
Entre los gremios con mayor protagonismo en la movilización se encuentran La Bancaria, el SUOEM, los Judiciales y Luz y Fuerza. Se trata de sectores que, según reconoce el propio oficialismo, concentran algunos de los salarios más altos de la administración pública y, por ese motivo, tendrían un mayor impacto relativo ante una suba de aportes. Ese argumento es utilizado por el Gobierno provincial para justificar la iniciativa, al señalar que estos regímenes explican una parte significativa del déficit de la Caja de Jubilaciones.
La jornada de protesta incluye paro de actividades, con modalidades diferenciadas entre la capital y el interior provincial, y anticipa una atención resentida en distintas dependencias públicas. Con la sesión legislativa como telón de fondo, la movilización refuerza un clima de alta conflictividad política y social, con un Ejecutivo decidido a avanzar en cambios estructurales del sistema previsional y un arco sindical que promete profundizar la resistencia en defensa de los ingresos y derechos previsionales.
