Profesionales de la salud suspenden la atención programada en todo el país y advierten por la caída en los ingresos y el impacto en la obra social de jubilados.
La red de prestadores del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) inició este lunes un paro de 72 horas en todo el país, en medio de un escenario de tensión creciente por la situación financiera de la obra social que atiende a millones de jubilados. La medida, impulsada por la Asociación de Profesionales del PAMI (APPAMIA), implica la suspensión de la atención habitual, con excepción de los servicios de urgencia.
El conflicto se inscribe en un contexto de recortes y reconfiguración del esquema de financiamiento, que según los profesionales afecta de manera directa la sustentabilidad del sistema. A esto se suma una deuda acumulada con prestadores que, de acuerdo a estimaciones del sector, alcanzaría cifras millonarias.
Uno de los principales puntos de reclamo es la reciente decisión oficial de reducir en torno al 50% los valores abonados por prestación médica, lo que generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del sector. Desde la entidad que nuclea a los profesionales sostienen que esta medida agrava una situación ya delicada.
En términos concretos, los prestadores advierten que los honorarios quedaron en niveles considerados insuficientes. Según detallaron, los médicos de cabecera pasarían a percibir alrededor de 1.400 pesos por consulta, mientras que en algunas especialidades, como odontología, los valores serían incluso más bajos.
Desde APPAMIA remarcaron que la quita de incentivos económicos, definida de manera unilateral, impacta de lleno en la capacidad de sostener la atención. En ese sentido, plantearon que “se requiere un piso de ingresos que permita garantizar la continuidad del servicio médico”, y señalaron que ese umbral debería ubicarse muy por encima de los montos actuales.
Durante las jornadas de protesta, los afiliados solo podrán acceder a prestaciones de guardia, que serán brindadas “según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente”. La medida, de alcance nacional, pone en evidencia la creciente preocupación en torno al funcionamiento del sistema y abre un nuevo frente de conflicto en el ámbito de la salud pública vinculada a adultos mayores.
