El Gobierno nacional advirtió que, durante el paro docente convocado por CTERA para el lunes 3 de agosto, deberá garantizarse el 75% de la prestación educativa, según la legislación vigente.
El Ministerio de Capital Humano advirtió este viernes que, ante el paro nacional convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, se encuentra vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como un servicio esencial y fija la obligación de garantizar una cobertura mínima durante las medidas de fuerza.
A través de un comunicado, la cartera encabezada por Sandra Pettovello recordó que el artículo 101 de esa norma dispone que, en caso de acciones sindicales, debe mantenerse al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
Desde el Gobierno señalaron que esta disposición busca evitar la interrupción total de las actividades escolares y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de todos los niveles.
El Gobierno recordó la vigencia de la ley
En el comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que la legislación vigente «asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella», con el objetivo de preservar la continuidad del servicio educativo durante las medidas de fuerza.
Además, advirtió que el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables, aunque no brindó precisiones sobre las eventuales medidas que podrían adoptarse.
La cartera nacional reafirmó su compromiso con la continuidad del sistema educativo y sostuvo que la aplicación de la ley busca garantizar el acceso a la educación aun durante los conflictos gremiales.
CTERA ratificó el paro para el lunes
La advertencia oficial se produjo luego de que CTERA confirmara un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, en el marco de una jornada de protesta por distintos reclamos vinculados a las condiciones laborales y salariales del sector.
El anuncio anticipa un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, en un contexto en el que la aplicación de la reforma laboral incorporó la educación dentro de los servicios considerados esenciales, estableciendo niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza.
La discusión sobre el alcance de esta normativa se suma al conflicto entre la administración nacional y los sindicatos docentes respecto de la política educativa y las condiciones de negociación salarial.
