La medida comenzó tras la desregulación del practicaje y pilotaje dispuesta por el Gobierno. Las autoridades analizan inhabilitaciones y denuncias penales mientras crece la preocupación por el abastecimiento de combustibles.
Los principales puertos del país permanecen paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026. En rechazo a la medida, buena parte de los prácticos dejó de aceptar nuevos servicios y más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de las terminales portuarias.
El conflicto amenaza con generar nuevas complicaciones para el comercio exterior y el abastecimiento energético. Desde la agroindustria señalaron que los barcos no pueden completar sus operaciones porque necesitan la asistencia de los prácticos para realizar las maniobras de ingreso y salida de los puertos.
La interrupción alcanza a terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, puntos relevantes para la distribución de combustibles. También afecta a Caleta Córdova, en Chubut, desde donde se transporta petróleo crudo hacia distintas refinerías.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas por la «indisponibilidad de prácticos» y alertó sobre posibles dificultades de abastecimiento si la situación se prolonga.
El Gobierno amenaza con sanciones
Frente a la continuidad del conflicto, el Gobierno nacional evalúa profundizar las medidas contra los profesionales que mantienen paralizados los servicios. Fuentes oficiales anticiparon que se analiza presentar una denuncia penal y avanzar con posibles inhabilitaciones de por vida.
Según trascendió, las autoridades también evalúan recurrir a baqueanos para reemplazar a los prácticos en las maniobras portuarias y, si fuera necesario, incorporar profesionales provenientes de Paraguay.
El Gobierno ya intimó a más de 500 prácticos a retomar la actividad. Desde el sector, sin embargo, advirtieron que el conflicto podría escalar si la administración de Javier Milei no revisa el nuevo régimen.
La disputa se originó con la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modificó las reglas del practicaje y pilotaje con el objetivo de desregular la actividad.
Impacto en Vaca Muerta
Las consecuencias ya alcanzaron a proyectos energéticos estratégicos. En Neuquén se paralizó la construcción de la terminal offshore vinculada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, cuya estructura permanece inmovilizada frente a Bahía Blanca a la espera de poder iniciar las maniobras previstas.
Desde el Gobierno estiman que la paralización genera pérdidas de entre US$2 millones y US$3 millones diarios, además de advertir que los buques podrían optar por dirigirse a puertos del exterior si no se resuelve el conflicto.
El sector pesquero también expresó posiciones encontradas. La Cámara Argentina de Armadores de Pesca de Altura (Capear-Alfa) respaldó el nuevo régimen de practicaje, aunque reclamó al Gobierno que asuma la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los puertos mientras se desarrolla la transición.
Mientras continúan las negociaciones, el conflicto mantiene frenadas operaciones en algunos de los principales puertos del país y suma presión sobre el Gobierno para encontrar una salida antes de que el impacto alcance al abastecimiento y al comercio exterior.
