Maximiliano Ochoa Roldán y otros seis imputados seguirán detenidos por integrar una organización ilícita que utilizaba recursos estatales para desalojos irregulares, extorsiones y coacciones.
El fiscal de Instrucción del Distrito 3, Guillermo González, dictó este lunes la prisión preventiva para Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera de Córdoba, en el marco de una causa por asociación ilícita. La investigación lo señala como jefe de una banda integrada por otros seis imputados, en su mayoría efectivos de la Policía de Córdoba, que utilizaban bienes y recursos estatales con fines privados.
A Ochoa Roldán se le atribuyen los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe; encubrimientos por omisión de denuncia y agravado por su condición de funcionario público; enriquecimiento ilícito por uso de información reservada; peculado de servicio; coacción y extorsión.
También quedaron bajo la medida Gabriel Élido Burkhard (organizador), Martín Darío Heredia, Leonardo Javier Torres, Jorge Alberto Gutiérrez, Gastón Miguel Ochoa Roldán y Dante Gabriel Villalba, cada uno con distintos grados de responsabilidad. En el caso de Gutiérrez y Gastón Ochoa Roldán se fijó un plazo de 60 días de prisión preventiva, mientras que Villalba obtuvo la excarcelación bajo una fianza de 20 millones de pesos y otras condiciones.
Según la resolución, los elementos de prueba acreditan en esta etapa la existencia de una organización que actuaba de forma coordinada, con división de tareas y el objetivo de obtener beneficios económicos. La banda habría operado en distintos puntos de la provincia, utilizando móviles oficiales, bases de datos policiales y horarios laborales para actividades privadas.
La investigación determinó que entre las maniobras se realizaban desalojos irregulares de viviendas, cobrando entre el 20% y el 30% del valor de los inmuebles. En audios incorporados a la causa, uno de los imputados explica: “Una recuperación de la propiedad tenés que calcular entre el 20 y el 30% del valor de la propiedad”. En otro mensaje, se describe el procedimiento: “Entramos en la casa y ya estamos de igual a igual con ellos adentro. Va a haber dos opciones: o llegan a un acuerdo y se van pacíficamente, o los sacamos a patadas”.
Además, se constató el uso de datos sensibles obtenidos en el 911 y en la División Antecedentes Personales de la Policía de Córdoba, que eran aprovechados con fines de lucro.
El fiscal González destacó la gravedad institucional del caso, al estar involucrados funcionarios policiales de jerarquía y con años de servicios, que además ejercían como abogados. La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza la recolección de pruebas.
