Cientos de personas se congregaron en la plaza central para manifestarse en reclamo por la implementación de la Ley de Salud Mental. Fue convocada por trabajadores del ámbito de la salud mental, pacientes, familiares y organizaciones locales.
El evento convocó a la ciudadanía de Río Cuarto a manifestarse en reclamo por la implementación de la Ley de Salud Mental. Es la segunda vez que la actividad se lleva adelante en la ciudad y, entre los principales reclamos, se pidió la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Ley 9848 Régimen de la Protección de la Salud Mental en la Provincia de Córdoba. «Hoy, el contexto actual nos interpela, nos preocupa, pero también nos convoca a reivindicar aquellas luchas que nos han permitido conquistar derechos», reza el comunicado que se leyó en la explanada de la Municipalidad al finalizar la marcha.
«Hoy, a 40 años de la recuperación de la Democracia en nuestro país seguimos defendiendo los
derechos conquistados. Consideramos que las leyes conseguidas a través de la lucha colectiva son una
herramienta para la transformación de realidades complejas, como también de reparación histórica
para aquellos grupos y colectivos históricamente estigmatizados», plantearon desde el Colectivo Organizador de la 2° Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Río Cuarto.
En la marcha se denunciaron carencias y déficits en el subsistema público de atención de la salud: recortes en el presupuesto, recursos humanos insuficientes, ausencia de espacio adecuado para salud
mental en los hospitales polivalentes aseguraron que el principal déficit es la falta de cumplimiento de la Ley de Salud Mental. «Enfatizamos la doble vulneración en el ámbito de la salud, por un lado, en les usuaries, sus familias y la sociedad toda; y por otro, la de les trabajadores de la salud, que ven afectados sus espacios laborales, las condiciones de trabajo y el compromiso asumido frente a les usuaries y su entorno familiar, educativo y social», plantearon.
Además, desde el colectivo organizador señalaron que el 85% de los problemas de salud (incluidos los de salud mental) se producen en la comunidad y por las condiciones de vida de las comunidades. El 15% de los problemas requieren intervención especializada (infraestructura de salud) y sólo un 5% requiere hospitalización.
Al final del comunicado, las organizaciones que participaron de la 2° Marcha por el Derecho a la Salud Mental exigieron: adecuar los recursos humanos a las verdaderas necesidades prestacionales; aumentar el presupuesto para dispositivos alternativos y para equipos de intervención en la comunidad; adecuar las instalaciones hospitalarias y proveer los insumos necesarios; implementar acciones articuladas con otros sectores y jurisdicciones para cuidar la salud mental en todos los ámbitos.
Además, requirieron que se desarrollen programas de prevención que atiendan al cuidado de la salud desde las etapas más tempranas de su desarrollo y garantizar el cumplimiento efectivo de programas que atiendan a las infancias ya que esto tiene impacto directo, posteriormente en la vida adulta. En este sentido, manifestaron que la prestación de salud mental infanto juvenil «se ha visto vastamente reducida en nuestro hospital».
El contexto político actual también tuvo lugar en el escrito que emitieron los distintos profesionales de la salud, usuarios de los servicios de salud mental, familiares y organizaciones sociales que integran el colectivo organizador de la marcha: «En estos momentos en los que imperan los discursos de odio y existe una lógica subyacente a los modos de vinculación, donde prima la operación binaria “yo o el otro”, donde a lo diferente se le impone una política normalizadora que estandariza, excluye y por tanto agrede desde una lógica vertical a todos aquellos modos vitales que pasan a considerarse subalternos. Nos parece importante rescatar la diferencia, entendiendo que la diferencia es una fuerza que se expresa por la diversidad».
