La diputada nacional Natalia de la Sota presentó un proyecto para garantizar la cobertura universal del nomenclador de prestaciones básicas en discapacidad. La iniciativa busca asegurar igualdad en rehabilitación, educación y transporte para personas con Certificado ûnico de Discapacidad.
La diputada nacional cordobesa Natalia de la Sota presentó un proyecto de ley en el Congreso para blindar el nomenclador de prestaciones básicas en discapacidad y garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios contemplados en la Ley 24.901.
La iniciativa propone modificaciones sobre la normativa vigente con el objetivo de asegurar la operatividad del sistema y evitar diferencias en la calidad de las prestaciones según la situación socioeconómica de las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Entre los principales puntos, el proyecto establece que todas las personas beneficiarias del sistema deberán acceder a prestaciones, servicios y asistencias de igual calidad, sin discriminación y bajo una política arancelaria única para todos los entes obligados por la ley.
Universalidad y aranceles únicos
El texto impulsado por De la Sota plantea que “la universalidad deberá garantizarse de manera tal de asegurar el acceso integral a prestaciones y servicios de igual calidad para todos los beneficiarios del sistema”.
Además, propone que los valores de los aranceles sean definidos por acuerdo del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y que esos montos sean iguales para todos los organismos alcanzados por la normativa.
La propuesta legislativa retoma iniciativas anteriores que habían perdido estado parlamentario y vuelve a poner en agenda la situación que atraviesa el sistema de discapacidad en Argentina.
Preocupación por la situación del sistema
En los fundamentos del proyecto, la diputada advirtió sobre “la actual incertidumbre que atraviesa el sistema de discapacidad” y señaló la necesidad de fortalecer el marco legal vigente para garantizar una protección efectiva de derechos.
Según se indicó, la intención es reforzar las herramientas legales que aseguren la continuidad de prestaciones esenciales vinculadas a rehabilitación, educación, transporte y atención integral para personas con discapacidad.
El debate sobre el financiamiento y funcionamiento del sistema de prestaciones por discapacidad viene generando preocupación en distintos sectores vinculados a la salud, la educación y las organizaciones de familiares en todo el país, incluida la provincia de Córdoba.