El Ministerio de Economía avaló el decreto que declaró en situación crítica a más de 800.000 hectáreas por la sequía.
El Ministerio de Economía de la Nación homologó este viernes la declaración de emergencia agropecuaria que realizó el Gobierno de Córdoba a fines de enero, y en el que se declaró en esa situación a más de 800.000 hectáreas, a raíz de la sequía y las temperaturas extremas.
De esta manera, los productores cordobeses, además de acceder a los beneficios que dispone la ley de emergencia de esa provincia, podrán contar también con las asistencias que prevé la ley de emergencia nacional.
En primer término, la declaración de emergencia abarca desde el 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2023, para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas.
Mientras que para establecimientos ganaderos, tamberos y apícolas, la emergencia rige hasta el 31 de diciembre.
“A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”, recordó el Gobierno Nacional.
Los productores alcanzados podrán presentar las Declaraciones Juradas que a tal efecto disponga el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Plataforma de Servicios Ciudadano Digital del gobierno de Córdoba.
Críticas de Provincia
Tras salir la resolución, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, cuestionó la ayuda. En declaraciones realizadas al medio Cadena 3, el funcionario expresó: “En muchos casos, los beneficios de la ley de emergencia están vinculados a los dueños de la tierra, pero el 60 o 70 por ciento de los que producen alquilan la tierra, por lo que no se resuelven las necesidades del productor”.
