El proyecto de reforma económica incorpora un mecanismo denominado “grillete fiscal”, que contempla suspender los salarios del Presidente, ministros, senadores y diputados si el Estado mantiene un déficit durante varios meses y el Congreso no logra corregirlo.
El Gobierno de Javier Milei propone incorporar un mecanismo de disciplina fiscal que podría dejar sin salario a los principales funcionarios y legisladores nacionales si las cuentas públicas permanecen en déficit durante un período sostenido.
La iniciativa, presentada por el Presidente durante una cadena nacional, forma parte del paquete de reformas económicas impulsado por la Casa Rosada y fue denominada “grillete fiscal”. El esquema busca establecer consecuencias directas para la dirigencia política cuando el Estado no consiga mantener el equilibrio de sus cuentas.
El mecanismo alcanzaría al Presidente, Vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados nacionales mientras permanezca vigente el ajuste previsto por la norma.
Cómo funcionaría el “grillete fiscal”
El proyecto establece que, ante un período prolongado de déficit fiscal, el Congreso tendría un plazo para corregir el desequilibrio. Si no se alcanza el equilibrio dentro de ese período, se activaría automáticamente el mecanismo de ajuste.
Entre las medidas previstas aparecen el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de determinadas contrataciones y adjudicaciones, la prohibición de incorporar personal y el freno a las transferencias discrecionales hacia las provincias.
La particularidad de la propuesta es que el ajuste también alcanzaría directamente a quienes ocupan los principales cargos políticos del Estado.
De esta manera, mientras el mecanismo permanezca activo, los funcionarios y legisladores incluidos en la norma dejarían de percibir sus remuneraciones.
Qué servicios quedarían protegidos
La iniciativa establece excepciones para garantizar el funcionamiento de áreas consideradas esenciales. El esquema no afectaría, según los lineamientos anunciados por el Gobierno, el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales ni el seguro de desempleo.
También quedarían protegidos servicios vinculados con salud, seguridad, defensa nacional y el sistema penitenciario, entre otras prestaciones esenciales.
El objetivo es que el ajuste se concentre sobre gastos considerados prescindibles y sobre la estructura política, evitando que el mecanismo derive en una interrupción de servicios básicos o prestaciones sociales.
Milei busca extender el esquema a las provincias
Además de la aplicación a nivel nacional, Milei anticipó que el Gobierno buscará que las provincias adhieran al régimen una vez que la ley sea aprobada por el Congreso.
La propuesta apunta así a trasladar el principio de responsabilidad fiscal a los gobiernos provinciales, con la intención de que los gobernadores también adopten mecanismos que vinculen el equilibrio de las cuentas públicas con el costo político de las decisiones presupuestarias.
La iniciativa deberá ahora atravesar el debate legislativo, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para convertir el “grillete fiscal” en una nueva herramienta de control sobre el gasto público.
