El Gobierno nacional oficializó un DNU que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece la política migratoria al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos, así como a quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y, según el Gobierno nacional, busca resguardar el orden público, la seguridad interior y el respeto por la Nación y sus emblemas.
De acuerdo con la nueva normativa, podrán ser alcanzados por estas disposiciones quienes hayan promovido o incitado, de forma oral o escrita, mensajes de odio o violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad. También quedarán comprendidos quienes realicen, participen o impulsen actos de agravio a los símbolos patrios.
En esos casos, los extranjeros podrán ser impedidos de ingresar al país o, si ya residen en territorio argentino, perder su residencia y ser intimados a abandonar el país o ser expulsados, según lo determine la autoridad competente.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la decisión fue adoptada tras una serie de episodios recientes que el Gobierno interpretó como manifestaciones de hostilidad hacia la Argentina y sostuvieron que la defensa de la Nación constituye un principio irrenunciable.
En el comunicado oficial difundido tras la firma del decreto, el Ejecutivo afirmó: «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
El decreto también establece que la medida deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que contará con un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez antes de su tratamiento legislativo.
