El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba lanzó un comunicado expresando su preocupación por la actualidad económica del país y que “deriva en el prejuicio de los pacientes”.
Por medio de un documento titulado “El colapso del sistema de atención de la salud”, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba advirtió sobre “la situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que deriva, pese a años de alertar sobre la problemática, en el perjuicio de los pacientes”.
En el escrito, la agrupación afirma que son dos las situaciones que “desde hace varios años complican innecesariamente a los establecimientos y profesionales” y que deben resolverse para evitar las soluciones que afectan a los ciudadanos.
Según el Consejo de Médicos, la primera de ellas es la demora de, “en promedio, tres meses” por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio.
“Ese retraso tiene una causa histórica: antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”, detallaron al solicitar que las financiadoras “deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.
La otra cuestión tiene que ver con “la disidencia por el cobro de una práctica”. Es decir, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación.
“Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro. De lo contrario, se descuenta al prestador por las dudas, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia”, aseguran los médicos de Córdoba.
Por último, concluyeron: “Los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlos los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura, es decir las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes”.
