La quinta Marcha Federal Universitaria movilizó a docentes, estudiantes y nodocentes en Córdoba para exigir el cumplimiento de la ley y más presupuesto.
La comunidad universitaria de Córdoba participó este jueves 15 de octubre de la quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada de movilización nacional para exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y mayores recursos para las casas de altos estudios en 2027.
La convocatoria reunió a docentes, nodocentes, estudiantes, autoridades universitarias y organizaciones sociales. En Córdoba Capital, la concentración comenzó a las 15 en el Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria, desde donde las columnas marcharon hacia el centro de la ciudad.
La movilización partió a las 15.30 por avenida Los Nogales hasta Plaza España y continuó por avenida Hipólito Yrigoyen hasta el cruce con bulevar San Juan. Allí se desarrolló el acto central, durante el cual se leyó un documento con los principales reclamos del sector.
Marcha Federal Universitaria: los reclamos de la comunidad universitaria
Durante el acto, la secretaria general de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba (AGTUNC) «General José de San Martín», Inés Pastorino, cuestionó el incumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso.
«El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano», afirmó.
Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), Leticia Medina, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener sus actividades durante el próximo año.
«Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», sostuvo. También señaló que Argentina terminará por tercer año consecutivo con uno de los niveles de gasto público en educación superior más bajos de América Latina, según expresó durante el acto.
El cierre estuvo a cargo de la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), Inés Pioli, quien puso el foco en las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del sistema universitario y científico.
«Las universidades y el sistema científico no están discutiendo sus márgenes de crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia», expresó.
El documento cuestionó el presupuesto para 2027
El documento leído durante la movilización planteó que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario compromete el funcionamiento de las instituciones y afecta el desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología.
El texto fue firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según la información proporcionada.
Uno de los ejes centrales fue el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. El documento sostiene que la propuesta no contempla los recursos necesarios para cumplir con la ley ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.
En contraposición, menciona la propuesta presupuestaria elaborada por el CIN y elevada a las autoridades educativas nacionales. Según el texto, ese planteo busca garantizar el cumplimiento de la normativa, recuperar previsibilidad institucional y sostener el desarrollo de la educación superior.
Becas, salarios y condiciones de trabajo
Otro de los puntos destacados fue la situación económica de los estudiantes. El documento sostiene que la gratuidad universitaria no resulta suficiente si quienes cursan no cuentan con recursos para sostener sus estudios y completar sus carreras.
En ese sentido, advierte sobre el deterioro del sistema de bienestar estudiantil y reclama el fortalecimiento de las becas, a las que define como una herramienta necesaria para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso.
«Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos», expresa el texto.
La situación salarial del personal universitario también ocupó un lugar central en los reclamos. El documento denuncia una pérdida sostenida del poder adquisitivo y un deterioro de las condiciones de vida de docentes y nodocentes, con consecuencias para la continuidad de las actividades académicas y científicas.
Entre los temas pendientes, enumera la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas vinculados con las plantas de personal, los fondos de capacitación, las garantías salariales y el carácter remunerativo y bonificable de los montos percibidos.
Además, plantea la necesidad de abordar los problemas relacionados con la salud y el sistema jubilatorio de los trabajadores de las universidades nacionales.
La defensa de la universidad pública y la ciencia
El documento también cuestiona el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno nacional y expresa su respaldo al reclamo por la derogación del DNU 70/23. En ese apartado, sostiene que el Congreso debe asumir un papel central en el debate y tratamiento de las normas que afectan al país.
La declaración reivindica, además, los principios históricos del modelo universitario argentino: la autonomía, el cogobierno, la gratuidad, el ingreso irrestricto, la inclusión territorial y la extensión universitaria vinculada con las necesidades sociales y productivas.
La ciencia y la tecnología fueron presentadas como componentes fundamentales de la universidad pública y de la soberanía del conocimiento. El texto sostiene que el Estado debe garantizar las condiciones para el desarrollo científico y tecnológico, junto con el acceso a la educación, la salud, el trabajo digno y la cultura.
La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolló en un contexto de disputa por el financiamiento de las instituciones y el cumplimiento de la normativa vigente. La convocatoria buscó visibilizar los reclamos de la comunidad universitaria y defender la continuidad de la educación superior pública.
El documento concluyó con un llamado a sostener el sistema universitario y científico como parte de una estrategia de desarrollo nacional. «La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», expresa el texto.